María Luisa Piqué acaba de publicar su último y brillante artículo sobre el caso George Floyd en La Ley (ver). Antes nos había regalado su lúcida y particular mirada sobre la preparación del debate y las teorías del caso, el voir dire, el desarrollo del juicio y las instrucciones del juez Cahill, el veredicto que conmovió al mundo y las entrevistas posteriores a los jurados. Todos esos artículos, que constituyen una original y fascinante aproximación personal de la autora al mundo del juicio por jurados, están disponibles en nuestra sección Doctrina e Investigación (ver). Ahora cierra el círculo de la saga del caso Floyd con el análisis -y la traducción completa- de la extraordinaria sentencia revisora de la Corte de Apelaciones de Minnesota, que confirmó la histórica condena al policía Derek Chauvin. La sentencia es magistral y representa un manual completo de cómo se hace -y cómo se revisa- un juicio por jurados.
Descargar sentencia (aquí) (aquí)
Traducida por Laura Margaretic, Carol Quin, Carla Zapata y Karen Zapata
para Doctrina Penal Feminista
María
Luisa Piqué[1]
El asesinato de George Floyd, un hombre negro, a manos de Derek Chauvin, un policía blanco, a plena luz del día de un 25/5/2020, en una zona céntrica de la ciudad de Minneapolis, a la vista de decenas de personas que se transformaron en millones gracias a la viralización del video grabado por una adolescente de 17 años con su celular donde ese hecho quedó registrado, conmocionó a la sociedad norteamericana y revitalizó los reclamos por una justicia racial y en contra de la brutalidad policial contra los y las negras y otros grupos históricamente discriminados.
Las
protestas que se sucedieron en Minnesota y en todo el país obligaron a la
fiscalía a actuar de manera rápida y a diagramar una estrategia efectiva para
asegurar que el autor del hecho y sus cómplices fueran llevados a juicio y para
lograr una condena. Pero las protestas también tuvieron efectos más allá del
caso individual y habilitaron una discusión en todo el país sobre la
razonabilidad del uso de la fuerza por parte de la policía y sobre las prácticas
discriminatorias en las que incurre. Esto se tradujo, por ejemplo, en proyectos
de ley en distintos estados y a nivel federal dirigidos a limitar y regular ese
uso de la fuerza. También hubo reclamos y proyectos dirigidos a desfinanciar y
hasta eliminar por completo a la policía. Además, las estadísticas que dan
cuenta de la impunidad generalizada con que actúan las fuerzas de seguridad en
los Estados Unidos cuando emplean fuerza excesiva respecto de personas que
integran alguna minoría racial pasaron a tener mucha visibilidad y a ser objeto
de debate y de interpelación.
Mientras
este fenómeno social se iba desarrollando, se llevó a cabo el juicio por
jurados contra Derek Chauvin, principal acusado por el homicidio de Floyd[2]. Luego de un extenso proceso
en el que alrededor de 300 personas fueron convocadas y completaron un
cuestionario, y alrededor de 90 de esas personas fueron interrogadas por las
partes y por el juez en la audiencia de voir dire, el jurado de doce personas
quedó integrado por ocho mujeres y cuatro varones, más dos suplentes. Ocho
blancos, cuatro negros y dos identificados como multiraciales[3]. El rango de edad iba de 20
a 60 años.
El
juicio empezó el 29/3/2021, es decir, menos de un año después del hecho, y duró
13 audiencias ininterrumpidas, que se transmitieron vía streaming para asegurar
la publicidad ya que por la pandemia solo podían entrar a la sala dos
periodistas por día.
El 20 de
abril, después de escuchar las instrucciones que les dio el juez profesional (el juez
Cahill) y de una deliberación que duró 10 horas, el jurado por unanimidad dictó
un veredicto de culpabilidad a Derek Chauvin por los tres cargos por los que
había sido acusado: “homicidio en segundo grado mientras se comete un delito (felony murder) -con agresión en tercer
grado como delito subyacente”[4], “homicidio en tercer grado”[5] y “homicidio culposo en
segundo grado”[6].
Luego de
ello, el juez determinó que se habían configurado algunas de las agravantes
genérica pedidas por la fiscalía[7] y un par de meses después, fijó el monto de la pena en 270
meses de prisión (22.5 años) lo que supuso un apartamiento hacia arriba de
la escala punitiva promedio que surge de los Lineamientos de Sentencia del
estado de Minnesota.
Tras el veredicto de culpabilidad del jurado, Chauvin pidió que se
anulara el juicio y que se hiciera de nuevo. Alegó que el juez había abusado de
su discreción al denegar sus pedidos (que ya había hecho al inicio y reiterado
mientras el juicio se desarrollaba) de que el juicio se hiciera en otro condado
del estado de Minnesota (un cambio de jurisdicción o change of venue), que el juicio se aplazara y se hiciera más
adelante y que el jurado fuera secuestrado (es decir, aislado por completo).
Los pedidos de la defensa se habían basado en la enorme repercusión
mediática del caso que, alegó, contaminó al jurado y lo sesgó pero también en
algunos sucesos puntuales: por ejemplo, un par de semanas antes de que empezara
el juicio, la familia de Floyd firmó un acuerdo indemnizatorio con la ciudad de
Minneapolis por 27 millones de dólares, lo cual también suscitó dudas respecto
de si el jurado podía ser imparcial. Dos integrantes del jurado de hecho se
excusaron de seguir participando cuando se enteraron del acuerdo económico
porque eso los condicionaba en contra de Chauvin.
La defensa también se refirió al enorme despliegue de seguridad en el
tribunal durante el juicio, y destacó que, para entrar al tribunal, los
miembros del jurado tenían que sortear barreras de hormigón cubiertas con vallas
y alambre de púas, y pasar por al lado de miembros de la Guardia Nacional y
agentes de policía que llevaban equipo táctico y portaban armas automáticas.
Para la defensa esto enviaba una señal a los miembros del jurado de que un
"veredicto equivocado” (la absolución) tendría consecuencias para la
ciudad -nuevos disturbios y malestar social.
Chauvin también alegó que la corte de distrito debió haber investigado a
dos de los miembros del jurado porque habían incurrido en inconductas,
concretamente no se habían expresado con sinceridad en la audiencia de
selección. La defensa entendió que la corte de distrito debió haber ordenado lo
que se conoce como “audiencia en los términos del fallo Schwartz”[8] (“audiencia Schwartz”) para
investigar la posible inconducta de esos dos jurados.
Puntualmente, a una de las juradas en la audiencia de voir dire se le
preguntó si, en caso de quedar en el jurado, tenía temores por su seguridad, y
ella admitió que sí. Sin embargo, cuando el juicio terminó, dijo que en
realidad sólo hubiera tenido miedo por su seguridad en caso de que el veredicto
hubiera sido absolutorio.
El otro jurado cuestionado ocultó en la audiencia de voir dire su
participación en la marcha de agosto de 2020 en Washington, D.C., para conmemorar
la marcha histórica del Dr. Rev. Martin Luther King, Jr., donde habló la
familia Floyd sobre George y además negó tener alguna opinión negativa de la
policía, lo cual para la defensa quedó desvirtuado luego a través de
entrevistas que hizo ese jurado para los medios de comunicación. En una
entrevista radial, ese jurado 52 declaró que "que había sido demorado
frecuentemente por la policía de Minneapolis -probablemente unas 50 veces- sin
motivo alguno", que ser miembro del jurado en este caso le permitía
"tener la oportunidad de hacer historia", y que los miembros del
jurado discutieron el hecho de que Chauvin no testificara y que
"probablemente no haber subido al estrado y declarar, lo perjudicó".
El juez de distrito Peter Cahill denegó el pedido de que se anule el juicio y
se haga uno nuevo.
En la
etapa de apelación, la defensa insistió con esos agravios y agregó unos nuevos.
- La denegatoria del pedido de que el juicio
se haga en otro condado, de que se aplace y de que se secuestre al jurado.
- La denegatoria de su pedido de una
audiencia en los términos del fallo Schwartz.
- La condena por homicidio en tercer grado.
- La condena por homicidio culposo en segundo
grado (felony murder) por causar
la muerte de una persona mientras hace un arresto legal (para la defensa
es una condena por responsabilidad objetiva).
- Errores en las instrucciones al jurado
- La fiscalía usó prueba acumulativa sobre el
uso de la fuerza.
- La exclusión por parte del juez de una
diapositiva de los materiales de formación y entrenamiento del
Departamento de Policía de Minneapolis que había sido ofrecida como prueba
por la defensa
- La exclusión de la declaración
extrajudicial de M.H., pasajero del coche de Floyd antes del incidente,
quien no estaba disponible como testigo en el juicio.
- El rechazo del pedido de un nuevo juicio
por supuestas inconductas de la fiscalía
- El juez no ordenó que se transcribieran las
conversaciones entre el juez y las partes durante el juicio, pese a que la
ley así lo dispone.
- Todos los errores acumulativos privaron a
Chauvin de un juicio justo.
- Hubo un apartamiento hacia arriba de la
escala presunta de la pena que disponen los Lineamientos de Sentencia de
Minnesota.
El 18/1/2023 se hizo la audiencia ante la Corte de Apelaciones de Minnesota, donde se discutieron todos los agravios de la defensa. La defensa se concentró sobre todo en la cuestión constitucional y la imparcialidad del jurado frente a la enorme repercusión mediática del caso antes del juicio (a la que estuvieron expuestos los miembros del jurado) y al gran operativo de seguridad desplegado en el tribunal mientras se desarrollaba al juicio, que según la defensa enviaba al jurado el mensaje de que si absolvía a Chauvin, volvería a haber disturbios y malestar social en la ciudad de Minneapolis. También discutió específicamente el delito por el que había sido condenado Chauvin porque, a su modo de ver, implicaba una condena por responsabilidad objetiva.
La fiscalía en la audiencia solicitó que se rechace el recurso y se
confirme la condena. Dijo que el juicio contra Chauvin había sido el juicio más
transparente y recto en la historia de los Estados Unidos. Destacó que el
jurado había sido cuidadosamente seleccionado durante dos semanas, que en el
juicio los jurados habían escuchado a 44 testigos, observaron las filmaciones y
escucharon a peatones, aprendieron que a Chauvin se lo había entrenado sobre
los riesgos de reducir a una persona poniéndola boca abajo por los riesgos de
la asfixia postural, que es precisamente lo que mató a Floyd. Y el jurado
declaró culpable a Chauvin de todos los cargos. Para la fiscalía, los agravios
de Chauvin en su apelación no justificaban ni de cerca anular la condena y
hacer un nuevo juicio.
El 17/4/2023, la Corte de Apelaciones emitió su fallo por unanimidad, en
el que rechazó el recurso de la defensa y confirmó la condena de Chauvin.
Uno de los puntos centrales del fallo, y al que la Corte le dedicó más
espacio, fue la cuestión de si la enorme publicidad e interés que suscitó el
caso en Estados Unidos y en todo el mundo, había producido un prejuicio (cuanto
menos presumido) en quienes intervinieron en el jurado popular.
La Corte de Apelaciones -citando precedentes de la Corte Suprema de
Minnesota y de la Corte Suprema de los Estados Unidos- sostuvo que no se podía
presumir que los posibles jurados son parciales únicamente por haber estado
expuestos a las noticias periodísticas antes del juicio y que un juicio justo
no necesariamente significa que los miembros del jurado deban ser “totalmente
ignorantes de los hechos y asuntos involucrados” en un caso penal importante
que ha generado interés público. Con cita de la Corte Suprema federal, dijo: “La notoriedad no necesariamente perjudica y
la imparcialidad del jurado no exige ignorancia de los hechos”.
También dijo que para impugnar el veredicto de un jurado sobre la base
de la repercusión mediática del caso, la defensa no puede basarse solamente en
el prejuicio presunto, sino que tiene que demostrar que el jurado en particular
tuvo un prejuicio concreto y real y solo en casos excepcionales se podría
presumir ese prejuicio (en casos donde la publicidad haya sido demasiado
perjudicial). Pero independientemente de eso, el test definitivo sigue siendo
si los miembros del jurado pueden dejar de lado sus impresiones u opiniones y
rendir un veredicto imparcial.
En relación con los pedidos de la defensa de un cambio de jurisdicción,
un aplazamiento del juicio y el secuestro del jurado con el argumento de que la
publicidad mediática había creado un prejuicio real o presunto en el jurado,
basándose tanto en la jurisprudencia de Minnesota como en los precedentes de la
Corte Suprema federal, la Corte de Apelaciones sostuvo que el juez no abusa de
su discreción al denegar esos pedidos si toma suficientes medidas de mitigación
y verifica que los miembros del jurado pueden dejar de lado sus impresiones u
opiniones y emitir un veredicto justo e imparcial.
En este caso, la Corte de Apelaciones constató que el juez de distrito había
tomado medidas para mitigar los efectos
de la repercusión mediática del caso y para garantizar que Chauvin tuviera un
jurado justo e imparcial. La corte de distrito (1) permitió que Chauvin
renovara sus mociones para cambiar de jurisdicción, aplazar el juicio y
secuestrar al jurado a medida que surgieran nuevas circunstancias durante el
juicio; (2) ordenó que el jurado fuera anónimo, que estuvieran aislados durante
la audiencia de selección y que se los interrogara a cada uno individualmente;
(3) requirió que los miembros del jurado completaran un cuestionario integral
con preguntas sobre su exposición a la publicidad sobre el caso opiniones sobre
Chauvin y Floyd, participación en protestas, actitudes sobre Black Lives Matter
y Blue Lives Matter, y apoyo a la reforma policial; (4) indicó a los miembros
del jurado que no leyeran ni vieran intencionalmente nada sobre el juicio, ni
que investigaran o buscasen información sobre el caso, y despidió sin demora a
cualquier miembro del jurado que no cumpliera con esta indicación; (5) permitió
que las partes consulten y pidan la deselección de los jurados con causa sin
siquiera interrogar a los jurados; (6) removió de inmediato con causa a
cualquier posible miembro del jurado que se hubiera formado una opinión sobre
la culpabilidad de Chauvin después de que la ciudad anunciara el acuerdo
económico con la familia de Floyd; y (7) aumentó el número de recusaciones sin
causa de la defensa a 18 y las de la fiscalía a diez. De hecho, la defensa no
usó todas sus recusaciones sin causa y le quedaron tres, lo cual sugiere que
estaba satisfecha con la manera cómo quedó conformado el jurado.
Finalmente, y lo más importante, a pesar de la publicidad, los
disturbios y enorme operativo de seguridad alrededor de la sede del tribunal,
todos los miembros del jurado que sirvieron confirmaron que podían decidir el
caso en base a la evidencia presentada en la corte y que podían ser justos e
imparciales.
Con relación al pedido de que se habilite una investigación de la
posible inconducta de dos jurados (la audiencia
Schwartz), la corte de apelaciones analizó la situación de cada uno de los
jurados cuya imparcialidad estaba impugnada.
Con respecto a la jurada que supuestamente tenía miedo de las posibles
consecuencias de un veredicto de no culpabilidad, la corte de apelaciones tuvo
en cuenta que fue suplente y por lo tanto no participó en las deliberaciones,
por lo que en ningún caso su presencia pudo haber privado a Chauvin de su
derecho a un jurado justo e imparcial.
En relación con el otro jurado, la corte consideró que no era cierto que
hubiera ocultado su participación en la Marcha de Washington de agosto de 2020
porque en definitiva no se le había preguntado específicamente sobre su
participación en marchas en general, sino solamente en “manifestaciones o
marchas contra la brutalidad policial que tuvieron lugar en Minneapolis después
de la muerte de Floyd". El jurado respondió verazmente "no" a
ambas preguntas. Tampoco es cierto que hubiera negado falsamente falsamente en
el voir dire sus opiniones negativas sobre la policía de Minneapolis, ya que
según el registro, dijo que los agentes de la policía de Minneapolis son más
propensos a usar la fuerza contra las personas negras, que no estaba para nada
de acuerdo con la afirmación de que la policía trata a negros y blancos por
igual, y que "los negros y otras minorías no reciben el mismo trato que
los blancos en el sistema de justicia penal".
Sobre sus supuestas manifestaciones en los medios de comunicación luego
del juicio, la corte de apelaciones dijo que había que relativizarlas porque no
dejaban de ser notas periodísticas.
Finalmente, la corte tuvo en cuenta que Chauvin y su defensa tuvieron
oportunidad de interrogar a este jurado y excluirlo e incluso se quedaron con
tres recusaciones sin causa sin utilizar.
Por lo tanto, concluyeron que el juez de distrito no había abusado de su
amplia discreción al denegar la solicitud de Chauvin de que se habilitara una
investigación sobre la alegada investigación de estos dos jurados.
Con respecto a la condena de Chauvin por el delito de homicidio culposo
en segundo grado con una agresión en tercer grado como delito subyacente
(“felony murder”, es decir, la muerte de un ser humano ocurrida durante el
intento o comisión de un delito que en este caso fue el delito de agresión)
para la defensa se trató de una condena por responsabilidad objetiva, ya que el
hecho ocurrió mientras efectuaba un arresto legal.
La corte de apelaciones también rechazó este agravio. Sostuvo que para
efectuar un arresto legal, un oficial de policía solamente está autorizado a
usar fuerza razonable. Cuando un acusado huye o se resiste por la fuerza al
arresto, la policía puede usar todos los medios necesarios y legales para
realizar el arresto. Sin embargo, cuando un oficial de policía usa fuerza
irrazonable para efectuar un arresto legal, ese uso de fuerza ya no está
autorizado por la ley y el policía puede ser responsabilizado por el delito de
agresión. Si causa la muerte, puede ser responsabilizado por un homicidio
culposo en segundo grado con una agresión en tercer grado como delito
subyacente.
La corte valoró que la fiscalía había probado cada uno de los elementos
del homicidio culposo en segundo grado más allá de toda duda razonable: Chauvin
(1) causó la muerte de Floyd; (2) sin la intención de causar su muerte; y (3)
mientras usaba una fuerza irrazonable al sujetar a Floyd en una posición boca
abajo y arrodillarse sobre su cuello durante un período prolongado de tiempo,
lo que constituía el delito subyacente de agresión en tercer grado.
La corte de apelaciones también valoró que en sus instrucciones el juez
de distrito correctamente había dejado en claro que la perspectiva correcta
para el jurado era (1) la de un "funcionario policial razonable en la
misma situación" (2) basado en lo que un policía razonable habría sabido
"en el momento exacto en que el oficial usó la fuerza".
Para concluir, la corte de apelaciones analizó la si la sumatoria de
todos los errores podía arrojar como resultado un juicio parcial. En ese
análisis, la corte -según la jurisprudencia de la corte suprema estadual- debe
cotejar la gravedad de los errores alegados y la fortaleza del caso de la
fiscalía. La corte concluyó que ninguno de los alegados errores, cuando se los
contempla por separado, afectó el veredicto y que, incluso considerándolos
conjuntamente, llegaban a la misma conclusión. Además, continuó la corte, con
los múltiples testigos oculares, los peritos, el informe de la autopsia y las
imágenes del incidente grabadas por las cámaras corporales, la fiscalía tenía
un caso sólido contra Chauvin. Por lo tanto, concluyeron que los errores
alegados, considerados acumulativamente, no negaron a Chauvin un juicio justo.
Para finalizar, la corte cerró su decisión con una reflexión final.
Reconoció que el trabajo de los policías es arduo, difícil y, a veces,
peligroso. Sin embargo, sostuvo, nadie está por encima de la ley. Cuando algún
agente policial comete un delito, debe ser responsabilizado al igual que las
personas a las que ellos detienen legalmente. La ley solo permite a los agentes
de policía hacer un uso razonable de la fuerza cuando efectúan un arresto.
Chauvin cruzó esa línea cuando usó fuerza irrazonable sobre Floyd.
Qué nos deja la sentencia para los juicios por jurados en Argentina
En esta última década en Argentina se ha iniciado un proceso de
implementación del juicio por jurados. Ya son Córdoba, Buenos Aires, Neuquén,
San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Catamarca y la ciudad
autónoma de Buenos Aires que han instaurado el jurado para el juzgamiento de
ciertos tipos de delitos.
En este contexto, es interesante destacar los puntos más salientes del
proceso de revisión del veredicto de culpabilidad dictado contra Chauvin, que
pueden servir para iluminar algunas discusiones que están empezando a cobrar
vigor en la jurisprudencia argentina, sobre todo vinculadas con la
imparcialidad del jurado en los procesos mediáticos y el estándar de revisión
de los veredictos de culpabilidad en miras al derecho convencional a recurrir
una condena (art. 8.2.h, CADH).
En este sentido, la corte de apelaciones demostró una fuerte deferencia
hacia el criterio del juez de distrito (que presidió el juicio) y sostuvo que
el juez tiene discreción para tomar decisiones como ser si corresponde o no
hacer el juicio en otro condado, aplazarlo y secuestrar al jurado. El estándar
de revisión es si el juez abusó o no de esa discreción. Y habrá abuso de la
discreción si el juez de distrito no evalúa adecuadamente la probabilidad de
que la publicidad perjudicial pudiera afectar la imparcialidad de los jurados
y, por lo tanto, impedir un juicio justo. La corte también analizó todas las
medidas de mitigación que había adoptado el juez para evitar que la enorme
repercusión mediática del caso influyera en el veredicto del jurado.
La corte de apelaciones también demostró mucha confianza en las y los
integrantes del jurado popular y en su capacidad de dejar de lado lo que
hubieran sabido del caso a través de los medios y decidir solamente sobre la
base de lo que pasó en el juicio.
También se nota la responsabilidad depositada en el trabajo de las
partes. Esto surge con mucha claridad cuando la corte analiza el agravio de la
supuesta parcialidad del jurado (que según la defensa se sesgó a partir de la
enorme repercusión mediática del caso) y las supuestas inconductas de dos
miembros del jurado. En ambos casos, la corte de apelaciones hace hincapié en
que las partes tuvieron la posibilidad de interrogarlos minuciosamente en la
audiencia de voir dire e incluso destacan que a la defensa le quedaron tres
recusaciones sin causa sin usar lo que implica que estuvieron conformes con la
integración final del jurado.
También surge de la sentencia que la corte no solo analizó posibles
errores procesales. Hay referencias al mérito, ya que en más de una oportunidad
la corte valora la fortaleza del caso de la fiscalía y menciona la cantidad de
prueba de cargo que había con relación a Chauvin -por ejemplo, cuando analiza
si el efecto acumulativo de los alegados errores pudieron haber privado a
Chauvin de un juicio imparcial. Es decir, la sentencia va más allá del control
sobre las formas del juicio. En sentido contrario a ciertas voces que se oponen
al juicio por jurados, el hecho de que el veredicto no esté motivado no impidió
que la corte de apelaciones pudiera revisarlo y esta sentencia es prueba de
ello.
En definitiva, la decisión de la Corte de
Apelaciones de Minnesota sigue los lineamientos centenarios de todas las cortes
revisoras del common law, a saber: a)
el juez del juicio es quien está en mejor posición para dirimir las
controversias de admisibilidad o exclusión de las pruebas, del voir dire, las instrucciones, las
objeciones y conducción del debate y cualquier otra incidencia que se produzca;
b) el jurado es quien está mejor posicionado, por la ventaja inestimable de la
inmediación, para decidir lo hechos controvertidos desde las pruebas y argumentos entre las
partes; c) a pesar de la enorme deferencia que debe dispensarse a estos dos
aspectos, la revisión será todo lo profunda que deba ser para no dejar ninguna
condena injusta en pie.
[1] Profesora de
grado y posgrado de Garantías Constitucionales del Derecho Penal y Procesal
Penal y de Género y Derecho Penal. Fiscal de la Procuración General de la
Nación. La sentencia que se comenta ha sido traducida al español por Laura
Margaretic, María Luisa Piqué, Carol Quin, Carla Zapata y Karen Zapata,
coordinada y supervisada por María Luisa Piqué, todas integrantes de “Doctrina
Penal Feminista” y está accesible aquí: https://www.academia.edu/103783669/Confirmacio_n_del_veredicto_de_culpabilidad_del_jurado_contra_Derek_Chauvin_por_el_homicidio_de_George_Floyd
[3] En términos de
diversidad, el jurado fue más diverso que la propia Minneapolis, cuya población
es negra en un 20%.
[4] Definido en
las instrucciones de la
siguiente manera: “De acuerdo con la ley de Minnesota, una persona que causa la
muerte de otra sin la intención de causar la muerte de alguna persona mientras
comete o intenta cometer un delito es culpable de “homicidio en segundo grado”.
El delito subyacente que cometía Chauvin era agresión en tercer grado,
descripto de la siguiente manera también en las
instrucciones: “‘Agredir’ es
infligir intencionalmente una lesión física a otra persona o el intento de
infligir una lesión física a otra persona. Infligir intencionalmente una lesión
física requiere que se pruebe que el acusado aplicó intencionalmente fuerza
ilegítima hacia otra persona sin el consentimiento de esa persona y que eso
resultó en una lesión física... No es necesario que el Estado pruebe que el
acusado tenía la intención de infligir una lesión física sustancial o que supiera
que esas acciones iban a producir una lesión física sustancial. Solamente que
el acusado tenía la intención de cometer la agresión y que George Floyd padeció
una lesión física sustancial como resultado de la agresión”. Tiene una pena
máxima de 25 años de prisión. Por “felony murder” históricamente en el common
law se refiere a la muerte de un ser humano ocurrida durante el intento o
comisión de un delito.
[5] Definido en
las instrucciones de la
siguiente manera: “Según la ley de Minnesota, una persona que causa la muerte
de otra al perpetrar un acto eminentemente peligroso para los demás y
evidenciando una mente depravada, sin tener consideración por la vida humana,
pero sin intención de causar la muerte de ninguna persona, es culpable de
homicidio en tercer grado”. Tiene una pena máxima de 40 años de prisión.
[6] Definido en las instrucciones de la
siguiente manera: “Según la ley de Minnesota, quienquiera que, por negligencia
culpable, cree un riesgo irrazonable y conscientemente se arriesgue a causar la
muerte o una lesión corporal grave a otra persona, y causa la muerte de otra,
es culpable de homicidio culposo en segundo grado”. Tiene una pena máxima de 10
años de prisión.
[7] Esto lo hizo
el juez porque Chauvin renunció a que fuera un jurado el que determinara la
configuración de estas agravantes.
[8] Este
procedimiento toma su nombre de Schwartz v. Minneapolis Suburban Bus Co., 104
NW.2d 301 (Minn. 1960) y fue luego codificado en las Reglas del Proceso Penal
de Minnesota. Está dirigido a determinar si algún miembro del jurado ha
incurrido en alguna inconducta. Según este procedimiento, cuando hay evidencia
de inconducta del jurado, una corte de distrito puede, a su discreción,
convocar a los jurados y permitir un examen de la posible inconducta en
presencia de los abogados de todas las partes interesadas y de la corte de
distrito. Schwartz, 104 N.W.2d. en
303