LOS JUICIOS POR JURADOS, MÁS CERCA
El diario El País, el periódico más importante y de mayor circulación del Uruguay, publicó una hermosa y completa nota de fondo de la prestigiosa periodista Mariángel Solomita. Allí cuenta con lujo de detalles el estado de la reforma procesal en nuestro vecino país, donde parecen estar más cerca de adoptarse los juicios por jurados.
En efecto, tal como dice la nota, los juradistas uruguayos confían en que el siguiente paso de la reforma del proceso penal acusatorio será el juicio por jurados. Es por eso que plantean sus argumentos para romper con el largo tabú hacia la institución, tan característico de los países de tradición inquisitorial.
Ya hemos dado cuenta de los esfuerzos de los juristas el hermano país para que el jurado retorne al Uruguay sobre bases mucho más firmes que antaño (ver).
Reproducimos aquí la nota completa....
La periodista Mariángel Solomita
HACE TIEMPO, LOS ESCABINADOS
Varias vidas atrás, en Uruguay había juicios por jurados. Así lo había previsto la Constitución de 1830, un punto en común con otras repúblicas de la región que se inspiraron en la admiración de “Los Padres Fundadores” hacia la Revolución Francesa y el federalismo norteamericano, experiencias que incluían jurados en sus sistemas procesales.
Se reglamentó en el Uruguay en 1879, con el Código de Instrucción Criminal. En aquella época, era la Junta Económico Administrativa de la Capital la encargada de armar un amplio listado de ciudadanos “honorables” y aptos para el cargo. Para integrar este grupo había una condición etaria (no ser menor de 25 años ni mayor de 60) y profesional: quedaban excluidas las personas con conocimientos jurídicos, jerarcas de organismos estatales, militares, clérigos, policías y funcionarios de salud pública.
Los jurados participaban en los juicios criminales de primera y segunda instancia. En el primer caso, se sorteaban cuatro nombres y en el segundo ocho. En ambos diseños, se optó por un modelo de jurado escabinado que, a diferencia del tradicional, incluía a un juez entre los miembros del jurado en primera instancia y a tres jueces si se trataba de una apelación. El veredicto requería de una mayoría absoluta y la decisión debía tomarse en una única instancia, por más larga que esta fuera.
Así funcionó durante 60 años.
Hasta que el veredicto de la tardía apelación del polémico caso del “crimen de La Ternera” arrasó con la confianza de la sociedad —apuntalada por los medios de prensa— en el sistema, instalando la sospecha de que un jurado podría corromperse con facilidad. En respuesta a la indignación generalizada, el gobierno decidió su abolición en 1938.
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| El crimen de "La Ternera" |
A partir de ese momento, en Uruguay hablar de jurados es un tema tabú. “En la facultad le preguntabas a un profesor cómo es eso de las películas yanquis y venía la perorata de que los ciudadanos no saben nada, que los presionan los medios de prensa, que serían muy castigadores, que imagináte que fuera tu madre a un jurado qué diría. El germen seguramente esté en este caso de hace 90 años, con un diseño de un jurado que no tienen nada que ver con lo que realmente debe ser”, dice el fiscal de homicidios Carlos Negro, uno de los más fervorosos defensores del sistema.
Esto podría estar empezando a cambiar. Tras haber concretado la reforma de los procedimientos penales de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, cuya matriz incluye en su ADN al juicio por jurados, distintos países de América Latina empezaron a interesarse por estudiar el mecanismo que tanto hemos visto en películas y series de televisión anglosajonas. La incorporación de jurados en Brasil y especialmente en la mitad de las provincias de Argentina provocó que de México hacia abajo se abriera el debate.
En nuestro país, a cinco años de la instalación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), el “exitoso” ejemplo argentino y el interés que comenzó a despertarse entre algunos jueces, fiscales, defensores, docentes y alumnos de derecho, podrían constituir un detonante para colocar el tema sobre la mesa. Los más entusiastas se autodenominan “juradistas”. Pero, aunque observan que el debate reapareció con más fuerza, les queda la duda de si la mancha que dejó el desenlace del oscuro crimen juzgado en 1937 seguirá extendiéndose de generación en generación.
EL CASO Y SUS FANTASMAS
A Jacinta Correa la mataron dos hombres, en su casa —la estancia La Ternera en Treinta y Tres—, un domingo por la mañana. El 28 de abril de 1929. La estrangularon con una bufanda, que luego uno de los matadores tomó para protegerse del frío. El cuerpo quedó tendido en medio del patio, hasta que lo encontró su marido y los peones al regresar de unas tareas rurales que habían requerido, curiosamente, del trabajo de todos los hombres del establecimiento. El sanguinario crimen enseguida interesó a la prensa. La víctima era la esposa de José Saravia, el más colorado de los hermanos del caudillo blanco Aparicio Saravia, cuya fama alternaba de ser la de un hombre siniestro a la de un anciano benevolente, dependiendo de a quién se le preguntara.
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| El crimen de "La Ternera" |
La investigación congregó a un popular fiscal y al más importante de los abogados de la época, que pese a sus esfuerzos no logró que su cliente se salvara de ir a la cárcel como el autor intelectual del crimen, al ser velozmente delatado por sus cómplices: una sirvienta y los dos sobrinos del capataz de la estancia, su hombre de confianza.
La crónica roja de la época recogió que José Saravia apenas tocó el cuerpo de su esposa cuando lo encontró tirado en el patio de la estancia. Entró a la casa, se habría encerrado un par de horas en su habitación y luego ordenó que lo movieran al galpón para después ser trasladado a un cuarto. No fue al velorio ni tampoco al entierro. Tanta “sangre fría” generó sospechas en el fiscal Luis Piñeyro Chain.
Tras tomarle declaración a las cuatro sirvientas notó un par de contradicciones. La de mayor rango, Martina Silva, había declarado que por la mañana del domingo 28 de abril, dos hombres ingresaron a la estancia en busca del patrón. Estaban solas. Le avisó a la señora, Jacinta Correa. Luego escuchó un grito y vio que la arrastraban al galpón. Sufrió un breve desmayo y, al recuperarse, llevó a las tres sirvientas jóvenes al cuarto de Saravia. Se ocultaron allí. Sin embargo, las tres adolescentes negaron el desmayo y confesaron que Silva les había dicho que no hablaran si no querían terminar como doña Jacinta. Acorralada, la sirvienta confesó que el patrón le había pedido que envenenara a su mujer y ella se negó. Saravia tenía una amante (o varias) y quería el divorcio, pero no aceptaba la división de bienes que su esposa le reclamaba. Ante la negativa de Silva, les habría ofrecido 4.000 pesos a los dos sobrinos de su capataz de confianza. Aceptaron y la estrangularon. Saravia negó las acusaciones y su capataz lo respaldó, pero todos terminaron presos hasta que, seis años después, un jurado de apelaciones dictó un polémico veredicto de no culpable que lo dejó en libertad.
Saravia había pasado seis años preso cuando su defensor logró lo inesperado: un nuevo juicio por jurados en el tribunal de apelaciones. El intendente de Montevideo, afín al presidente Gabriel Terra, igual que Saravia, designó a los ocho miembros del jurado que —se especuló en el momento— también eran “terristas”. Cuando dieron su veredicto, los ocho decidieron que no había prueba suficiente para considerar a Saravia culpable. Los tres jueces profesionales, por su parte, se opusieron. Saravia quedó entonces en libertad. Contrajo matrimonio con su amante. Y al poco tiempo falleció.
EL NINGUNEO
Desde la derogación de la norma, la discusión sobre los posibles beneficios o problemas del juicio por jurados no suele surgir en las aulas porque se impone “un ninguneo”: la mayoría de los círculos académicos lo ven como “una cosa de gringos”. Hubo alguna publicación aislada de algún docente; un proyecto de ley que impulsó en 2001 una asociación de juradistas para instalar un jurado para delitos de corrupción contra la administración pública que nunca tuvo discusión y, por último, alguna que otra nota de prensa que retomó el asunto en 2017, cuando se reformó el CPP.
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| Ex fiscal de Corte, Jorge Díaz |
Pero ni siquiera cuando se planificó la reforma el asunto de los jurados tuvo eco. “En ese momento no estuvo sobre la mesa porque no todos los partidarios de la reforma son partidarios de los jurados e implicaba dividir aguas e instalar un tema que hubiera absorbido prácticamente toda la polémica”, dice Jorge Díaz, el ex fiscal de Corte. “Incorporar el juicio por jurados implicaba un cambio diez veces más brusco, que yo creo que hubiera inviabilizado la reforma”, concluye.
LA CULTURA JURÍDICA LOCAL Y EL ROL DEL JUEZ
Con la mira puesta en que podría ser uno de los próximos pasos, el año pasado, antes de egresar de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Juan Ignacio Acquistapace, Nicolás López y Camila Fernández realizaron una investigación para la Comisión Sectorial de Investigación Científica —que próximamente se publicará en formato libro en Argentina— en la que ahondaron en las distintas perspectivas de la cultura jurídica local sobre el juicio por jurados.
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| Nicolás López y Juan Ignacio Acquistapace |
“Para nuestra sorpresa, muchos entrevistados estaban en contacto con el tema, porque se habían interesado por el caso argentino. Incluso los conservadores estaban motivados por la investigación”, cuentan Acquistapace y López. En el relevamiento que hicieron entre distintos operadores, los jueces son quienes se muestran más favorables al sistema.
Alberto Reyes, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, explica que en un juicio por jurados los jueces “no desaparecen, sino que actúan como colaboradores de un sistema más transparente”. El juez es quien protege la calidad de la prueba que llega al jurado. “No se necesita experticia del que decide sino de quienes recogen y explican las evidencias. Lo demás es sentido común, falta de prejuicios, razonabilidad”, dice.
Y plantea que —lejos de lo que podría suponerse— “los jueces con más poder institucional y social son precisamente aquellos que intervienen en sistemas de jurados no profesionales”, porque entre otras cosas, “son capaces de anular todo un juicio si no se arriba a un veredicto o se detecta algún desvío”.
“Es cierto que el espacio del juez se acota, pero queda circunscripto al de su estricto saber científico, que es el del Derecho. El juez debe asegurar el cumplimiento de las reglas del debate adversarial, el apego a las garantías y brindar las instrucciones jurídicas necesarias. Que está lejos de ser poco”, explica Mario Spangenberg, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Para el juez Alberto Reyes, “los jueces con más poder” son los que intervienen en jurados.
En las películas, el juez siempre está sobre una tarima. Y debajo los jurados, por encima de la fiscalía y la defensa. “Cuando el juez entra, todos se levantan y cuando él se sienta, todos se sientan. No vuela una mosca. No se masca un chicle”, recrea el fiscal Negro.
EL "ÉXITO" ARGENTINO
El abogado Andrés Harfuch ostenta el puesto de ser el mayor especialista del juicio por jurados en Argentina. Desde 2014, van 11 provincias que instalan el sistema, incluyendo localidades como Piedra de Águila, en Neuquén, donde viven menos de 4.000 personas, desestimando así —para alegría de los juradistas locales— el mito de que en un país pequeño y poco poblado como Uruguay sería imposible ser juzgado por nuestros pares.
Al principio, la resistencia por parte de la academia, jueces y abogados fue dura. Ahora —dice— su postura cambió y además de haber jurados en juicios penales, algunas localidades los incorporaron en el ámbito civil y hay municipios que los usan en causas contravencionales, como situaciones de ruidos molestos, disturbios en la vía pública o peleas de padres en escuelas.
Harfuch cree que el cambio se concretó porque, más allá de que la Constitución lo mandataba, “la gente dejó de creerle a los jueces”. “Las sociedades miran con sospecha. Dicen, ‘no, repartamos las funciones, parte lo hace el juez pero el veredicto lo hace el pueblo’, porque el poder de castigar no puede quedar nunca concentrado en un sujeto hegemónico”.
Según comentan distintos operadores, para que el sistema político argentino tomara la posta, se organizaron simulacros que convocaban a los interesados a ser “jurados por un día”. Entre los 12 miembros se incluían a figuras famosas —futbolistas, modelos, actores— como un anzuelo para la prensa. Y así se consiguió encender la mecha.
En el mundo no existe un único modelo de juicio por jurados. El modelo clásico prevé 12 miembros y el escabinado incluye a tres jueces profesionales que supervisan la deliberación o directamente intervienen en ella. El formato de Brasil, por otro lado, no concibe la tradicional deliberación en torno a la duda razonable para llegar al veredicto de culpable o no culpable: los integrantes entregan una papeleta con su decisión. En ocasiones, el formato aplica cuotas de paridad.
Depende del país, el juicio por jurados suele reservarse para los delitos más graves. El veredicto no siempre requiere unanimidad: a veces alcanza con 10 votos de 12. En algunos sistemas, el juicio por jurados es una obligación y en otros es una elección del imputado.
En Argentina la reglamentación varía por provincia, pero en la mayoría el juicio por jurado es obligatorio y no una decisión del imputado —como sí sucedió en el juicio del crimen de los rugbiers, cuyo defensor rechazó al jurado—. Está compuesto por 12 personas entre 18 y 75 años sin conocimientos jurídicos y se aplica la paridad de género.
“Los jurados emergen como mejores ciudadanos, los moviliza mucho”, opina el experto argentino Andrés Harfuch. Inicialmente se pensaba que la gente no querría participar, “pero el compromiso cívico que estamos viendo es tremendo”. Cuenta que ha visto llorar a suplentes que no quedan como jurados titulares. Y asegura que algunos “atesoran” los diplomas que les dan al finalizar la tarea “como si fuera lo más importante que les pasó en su vida”. Algunos, después de esta experiencia, deciden volver a estudiar o empiezan a participar en organizaciones civiles. Como prueba del impacto personal, comparte un audio que le envió un jurado de Federación, Entre Ríos. Un hombre mayor, de voz humilde dice: “Me dejó mucha experiencia buena, sinceramente no pensé que iba a ser tan lindo, en el sentido de la experiencia de lo que sumás en la vida, ¿viste? Espectacular. Ojalá me toque otro”.
Salvo excepciones, los seleccionados no pueden negarse a participar. “Es como ser jefe de mesa en unas elecciones nacionales”, explica el experto. Y reciben un pago de viáticos por los días que dura el juicio que, hasta el momento no han superado los siete. ¿Su implementación es tan costosa como se dice? Según Harfuch no sobrepasa el 0,03% del presupuesto actual del Poder Judicial: “Es uno de los tantos mitos de los jurados”, dice. “Están sujetos a las instrucciones del juez, es asombroso las soluciones a las que llegan”, dice. Y asegura que “son mucho más presionables los jueces que los jurados”. No se sabe ni su nombre ni su apellido, solo tienen un número. Al finalizar el juicio, es probable que no vuelven a ser jurado. “Son los que están en mejores condiciones de absorber las presiones del siglo XXI”, concluye.
¿COSA DE GRINGOS?
En América Latina, México, Colombia, Perú y Chile son los que más avanzado tienen el debate. En el mundo, en cambio, la mayoría de los países ya tienen jurados: aquellos con un sistema inquisitivo —en el que el juez guía la investigación—, acusatorio o mixto. El más popular es el caso anglosajón. En Europa, salvo Holanda, hay jurados. Japón incluyó jurados. Rusia también.
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| Graciela Gatti |
En Uruguay, donde el 6% de los casos deriva en un juicio oral, ¿es oportuno abrir el debate? Algunos operadores se manifiestan en contra. La jueza Graciela Gatti, actualmente en un tribunal internacional de La Haya, reconoce que los jurados “legitiman al sistema de justicia porque es el juicio a través de los pares de la propia sociedad”, pero no cree que se esté en la etapa para incorporarlos. “Todavía falta perfeccionar el funcionamiento del nuevo CPP: las técnicas de litigación, mayor capacitación para los jueces, fiscales y sobre todo abogados particulares. Implementar un proceso por jurado requeriría una inversión muy grande —no hay una sola sala de audiencias que pudiera funcionar porque no tienen las dimensiones— y jurados sin recursos sería absolutamente negativo”.
En la misma línea se expresa el abogado e investigador Martín Fernández. Dice: “Es saludable tomar el antecedente de Argentina, se está viendo que los jurados, al contrario de lo que uno podría pensar intuitivamente, no son más punitivitas que los jueces técnicos, ahí creo que hay algo interesante para seguir discutiendo, pero hay temas más urgentes”.
El fiscal Luis Pacheco, por su parte, no cree que sea un debate que el país necesite. “Sin hacerle las críticas clásicas al jurado, no veo necesario que 12 personas que no sean abogados definan un juicio; parecería una solución pintoresca, atractiva, pero no le veo el fundamento”.
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| Fiscal Luis Pacheco |
En un punto intermedio está el abogado y docente Jorge Barrera. Plantea que es esencial el diseño de selección y los motivos por los que se los puede recusar y a cuántos. En el modelo tradicional, se realiza un sorteo —sobre una base de datos, que puede ser el padrón electoral— y los señalados deben presentarse a una audiencia en la que la fiscalía, la defensa y el juez deciden quienes se ajustan mejor para el trabajo. “Me parece fundamental que sea el juez técnico quien decida qué prueba se admite, indique qué opciones de delito tienen y fije la pena una vez se libre el veredicto”, dice, en concordancia con el modelo tradicional. “Y me inclino porque el juicio por jurado sea una opción del imputado y no una obligación”.
Diferentes estudios indican que la mayor participación ciudadana fortalece la confianza y la credibilidad en el sistema de justicia. Este es uno de los beneficios que cita Mario Spangenberg, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. “También incentiva a que la Fiscalía y las defensas hagan un mejor trabajo, en especial en cuanto a la argumentación y a la solidez probatoria de los casos que llevan adelante”, agrega.
Defensor y fiscal son “las verdaderas estrellas del juicio”, opina el fiscal Negro. “En el sistema acusatorio, el partido es entre dos cuadros, como el fútbol. Ninguno es dueño de la pelota y el árbitro (juez) no interviene en el juego, si no que marca las reglas y sanciona al que no las cumple. La gente al estadio no va a ver al juez, va a ver a las partes, que tendrán que cambiar su forma de litigar”.
No más palabras en latín ni lenguaje jurídico para entendidos. Para algunos, se apelará al relato emotivo, ¿pero no se hace ya? “Eso es un cliché de las películas”, sostiene Diego Camaño, abogado y docente. Considera que, además de que es “el próximo paso de la reforma procesal”, sería oportuno su implementación en tiempos en que se cuestiona el sesgo de la decisiones judiciales, “porque una vez que uno coloca la decisión en la ciudadanía, las suspicacias desaparecen y le permitiría a la gente conocer realmente qué implica resolver un caso”.
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| Diego Camaño |
“Una cosa es opinar en Twitter y otra es cuando tiene que resolver sobre la culpabilidad de una persona de carne y hueso”, plantea el abogado.
“La gente dice ‘el jurado puede tener sesgos’, yo prefiero 12 sesgos y no uno solo, porque nos quieren pintar al juez como un ser absolutamente desideologizado, que no tiene religión, que no tiene creencia alguna, como una especie de ser divino superior despojado de todo y no es así”, dice Díaz, ex juez penal.
También para las eventuales presiones, ser doce podría ser más garantista respecto al sistema que existe hoy. Así lo expresa el juez Reyes: “Los integrantes de los jurados son resguardados más que los jueces, que en el interior del país y por las redes sociales son presionados, incluso desde otros poderes del Estado en términos no siempre cuidadosos”.
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- 23/04/23 - Diario El País - "¿Se vienen juicios con jurados? Cómo es el sistema que algunos quieren aplicar, parecido al de las películas" (ver)