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| Comisaría 3° de La Tablada |
En un resonante caso de violencia institucional y gravísimas violaciones a los Derechos Humanos un jurado popular de doce vecinos de La Matanza declaró culpables a 11 policías bonaerenses por los abusos sexuales y terribles vejámenes de 28 mujeres y personas trans detenidas en la Comisaría 3ª de La Tablada. Otros cuatro policías fueron declarados no culpables.
El jurado declaró culpables al subcomisario Lionel Maximiliano Gómez, Ángel Ariel Reales y Javier Ramón González Valeria Suárez Silvia Suárez y Lara de las Nieves Taramazzo por el delito de severidades.
A los policías Hernán Garzón, Yanina Vargas y Johanna Romero por el delito de vejaciones agravadas.
El jurado también culpó al suboficial Javier Norberto Hinojosa por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal, por no haber denunciado la perpetración del delito cometido ante su vista por su compañera Johanna Romero, estando obligado a ello por su calidad de funcionario policial
El subcomisario Lionel Maximiliano Gómez y la agente Silvina Eva Suárez fueron declarados culpables como coautores de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un funcionario de la fuerza policial reiterado en cinco hechos.
A los policías Javier Ramón González y Ángel Ariel Reales el jurado los consideró partícipes secundarios de estos delitos.
Los policías Mayra Ruiz, Cristian Aliaga, Leandro Maidan y Ariel Pascuales fueron declarados no culpables por el jurado.
Los veredictos fueron por unanimidad o por mayoría de 10 y 11 votos, según los casos.
Los hechos fueron cometidos entre septiembre de 2019 y enero de 2020 y comenzados a investigar a raíz de una inspección conjunta de la defensoría general de La Matanza y la Comisión Provincial por la Memoria CPM).
Inmediatamente se puso en marcha el protocolo de Estambul para documentar los hechos.
Los policías varones y mujeres fueron detenidos y el Ministerio de seguridad bonaerense dispuso la intervención de la seccional. La CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocinó a 17 de las 28 víctimas, interviniendo además como particular damnificado institucional.
"Fue como haber estado en un campo de concentración"
Esa fue la frase que empleó uno de los investigadores expertos de la CPM al salir del lugar. Ante el jurado popular aseveraron haber tenido la sensación "de haber estado en un campo de concentración y hace 12 años recorren cárceles y comisarías para inspeccionar pero este nivel de tortura y exámenes no lo veían desde hace tiempo".
Otra integrante de la misma comisión declaró ante el jurado que "hace 8 años se dedica a escuchar personas privadas de su libertad que denuncian distintos tipos de abusos, pero esto fue terrible por la magnitud del hecho y la continuidad en las vejaciones".
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| La abogada líder de la CPM, de brillante desempeño |
El fiscal Jorge Yametti y el equipo de la querella de la CPM lograron un triunfo impactante pues pudieron probar más allá de toda duda razonable ante el jurado que estas prácticas fueron sistemáticas y se dieron en un contexto de graves vulneraciones a los Derechos Humanos. La CPM estuvo representada por Margarita Jarque, directora del programa de litigio estratégico de la Comisión, y las abogadas Sofía Ballesteros, Luz Santos Morón, Guillermo Andersen, Yael Tale Ziegelman y Lucas Ocampo.
Durante estos días de audiencias las mujeres y personas trans víctimas de este delito pasaron frente al jurado y, aún con signos de angustia por lo vivido, relataron con precisión y de manera coincidente los actos de violencia física y psicológica que sufrieron durante estos cuatro meses. Todas las que estuvieron detenidas en otras dependencias aseguraron que nunca vivieron un maltrato semejante.
La decisión de los jurados fue tomada esta madrugada tras varias horas de deliberación y cinco días de debate realizado en la sede de la Unión Industrial local ubicada en San Justo.
EL JUICIO Y LOS HECHOS
Los hechos probados y adjudicados por el jurado escapan a la imaginación. Agravados todos además por ser delitos cometidos por funcionarios públicos que tenían el deber de cuidado y custodia de las detenidas.
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| Foto de la CPM tras la inspección |
SEVERIDADES
Los hechos de severidades que tuvo por probado el jurado popular fueron los siguientes: violencias ejercidas por los funcionarios policiales con el objetivo de humillar, producir gran sufrimiento y castigar a las detenidas mediante severidades y malos tratos. Insultos racistas y xenófobos; aislamiento extremo como forma de castigo, que implicaba el encierro en pequeñas celdas durante periodos prolongados donde las forzaban a orinar en botella de plástico y a defecar en bolsas de nylon y coexistir asignadas con las heces; el robo y la destrucción de los alimentos que ingresaban sus familias; los policías les tiraban la comida o la dejaban al sol para que se pudriese para hidratarse les daban agua caliente y en mal estado, entre otros graves hechos.
VIOLACIÓN AGRAVADA
En ese marco de graves violaciones a los Derechos Humanos, los funcionarios policiales abusaron sexualmente de las detenidas durante una requisa en donde se buscaba un celular. Las víctimas declararon que en la dependencia había escáner para detectar metales en el cuerpo de las personas, pero no se utilizó. La requisa personal vejatoria consistió en que una mujer policía le metió sus dedos en las cavidades íntimas de cuatro de las presas y con el mismo guante a todas. Lo hicieron además en un marco de absoluta ilegalidad, pues participó personal policial masculino, sin consentimiento de las víctimas ni autorización judicial, y con la única finalidad de castigar, humillar, denigrar, y finalmente violentar la integridad sexual de las detenidas.
La acusación logró probar que, tal como lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estas requisas constituyen abuso sexual y así también lo entendió el jurado popular que declaró la culpabilidad de cuatro de los seis policías que estaban imputados por esta violación agravada por ser cometido por policías en ocasión de sus funciones.
VEJACIONES AGRAVADAS
El otro delito que quedó probado durante el juicio fueron las vejaciones durante una requisa policial masiva a cargo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), luego de una protesta de las mujeres por las inhumanas condiciones de detención. En ese momento, funcionarios del GAD junto a personal de la comisaría encerraron y metieron a 10 detenidas en un baño de ínfimas dimensiones, las obligaron a desnudarse y las golpearon con palos para que realizaran ejercicios físicos hasta la extenuación.
Por último, el jurado popular también declaró culpables a los policías imputados por las vejaciones a Daina, una joven mujer trans. Durante todo su encierro fue particularmente violentada por su condición de género. La alojaron en una celda diminuta sin camastro ni baño, la alojaron también con detenidos hombres y la forzaron a limpiar orín materia fecal y vómitos con sus propias manos.
COMUNICADO DE LA CPM TRAS EL JUICIO
"A pesar de los años que transcurrieron del hecho, todas las víctimas que declararon durante el juicio se encuentran en la actualidad profundamente afectadas por la violencia sufrida, algunas incluso con problemas de salud que persisten hasta el día de hoy y de carácter crónico. La grave afectación y sufrimiento de las víctimas fue corroborado en el juicio por un ateneo de profesionales psicólogas y trabajadoras sociales del centro de asistencia de la víctima del departamento judicial de la matanza y de la CPM mediante una extensa declaración. Allí dieron cuenta ante el Jurado de su labor con las víctimas durante estos casi 4 años.
Luego declaró el titular del Codesedh, el médico Norberto Liwsky aportó datos muy relevantes respecto de en qué condiciones deben efectuarse las prácticas ginecológicas a las mujeres detenidas. Importantes funcionarios judiciales de La Matanza prestaron su declaración respecto del comportamiento del personal policial de la comisaría.
Por otro lado durante el juicio, la defensa de los policías intentó desmentir los hechos, hostigaron a las víctimas y sus abogados y abogadas, e insistieron en atacar recurrentemente el trabajo realizado por la CPM en la defensa de los Derechos Humanos. Como muestra el categórico voto del Jurado popular, nada de todo esto estuvo peso o incidencia en el camino de la justicia."
Beatriz Capdevila y Juan Loza, de la APDH de La Matanza, denunciaron durante el trámite del juicio los continuos hostigamientos que los abogados defensores de los policías les efectuaban a los testigos expertos de la Comisión Provincial de la Memoria. Mientras declaraban, los interrumpían permanentemente al grito de "córtenla con este curro de los Derechos Humanos", ante la pasividad del juez Gerardo Gayol.
"Los abogados Defensores interrumpían canallescamente a los testigos propuestos por los organismos de Derechos Humanos. Se dirigieron a la CPM como un curro. Eso es una verdadera mentira, porque son organismos que no reciben nada. Queremos que el juicio sea correcto, como debe ser ilegal, por eso estamos aquí apoyando para conseguir algo de Justicia", cerró Juan Loza.
Leer noticias aquí:
- La Nación (22/4/23): "Jurado popular: diez policías bonaerenses fueron declarados culpables por abusar en manada y torturar a detenidas en una comisaría" (ver)
- La Izquierda Diario (17/4/23): "Libertades democráticas. Policías acusados de abuso sexual a mujeres y personas trans: comienza el juicio en La Matanza" (ver)
- Ámbito Financiero (22/4/23): "Declaran "culpables" a 10 policías por el abuso sexual de detenidas en una comisaría de La Tablada" (ver)
- Página 12 (30/4/23): "Un juicio popular contra la violencia institucional. Torturas y abusos sexuales a mujeres y personas trans en una comisaría" (ver)
- Página 12 (23/4/23): "Comisaría 3 de Tablada: "Las víctimas fueron sometidas a un nivel especial de sufrimiento" (ver)