El jurado popular dio su veredicto de condena en otro caso de gatillo fácil. El 3 de mayo de 2020, a las seis y media de la mañana, en José C. Paz, la oficial de la Policía de la Ciudad Melina Luján San Roque, de franco y de civil ya que vivía allí, disparó al menos cuatro veces contra Santiago Dylan Santucho, de 17 años, y le acertó dos proyectiles. Uno de ellos, que ingresó al cuerpo en el glúteo izquierdo, causó la muerte del adolescente.
Los hechos aquí entraron en controversia. La oficial de policía sostuvo que tuvo que repeler un intento de robo del adolescente y que por eso disparó. Pidió su absolución por legítima defensa de su vida.
La querella, a cargo de María del Carmen Verdú (CORREPI) y la fiscalía, a cargo de Liliana Triccarico, sostuvieron que tal robo no existió y que la oficial debía ser declarada culpable de homicidio con arma de fuego.
Según la querella, en lugar de quedarse en el lugar, informar a la policía provincial lo sucedido y pedir una ambulancia para asistir al chico que aún vivía, la mujer policía salió corriendo, informó a los gendarmes que estaban haciendo adicionales en la estación de tren, que le dijeron que como estaban haciendo servicios adicionales no podían dejar ese lugar, y se fue a su casa.
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| María del Carmen Verdú, abogada querellante de CORREPI |
Recién desde allí llamó primero a su comisaría de la Policía de la Ciudad y luego al 911 para informar a la bonaerense.
La fiscalía armó dos causas. Una contra San Roque para investigar la muerte de Dylan Santucho y otra por el intento de robo con arma con Dylan como imputado y a la policía San Roque como damnificada.
No pudo secuestrarse arma alguna en poder de Dylan Santucho y tampoco quedó muy en claro si existió o no existió un intento de robo. Lo cierto es que tras varios días de debate y de presentarse todas las pruebas, el jurado consideró que la mujer policía debía ser declarada culpable del delito menor incluido de homicidio con arma de fuego en exceso en la legítima defensa.
Fue crucial para el jurado un testimonio que explicó que la oficial no había respetado el protocolo de actuación de los policías para cuando están de franco y/o fuera de servicio. Es decir, cómo intervenir, qué uso debe darse al arma reglamentaria, dónde deben guardarla, etc.
De hecho, el centro del reclamo de la querella de CORREPI es que hace años exigen que se prohíba la portación y el uso del arma reglamentaria cuando los policías están de civil, como es norma en casi todo el mundo.
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