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| Los prisioneros rendidos y la única foto conocida del teniente Bravo |
El ex teniente de navío Roberto Guillermo Bravo será sometido a un juicio civil por jurados en el estado de Florida por los delitos de lesa humanidad cometidos hace 50 años en la Patagonia contra 16 presos políticos.
"Bravo no pudo ser juzgado, ya que en 1973 fue enviado a Estados Unidos por la Armada como agregado militar en la embajada argentina. Luego de su retiro de la fuerza, en 1979, permaneció en Estados Unidos y hoy es ciudadano de ese país. Se hizo millonario y pesa sobre él un proceso de extradición".
Un capítulo terrible de la sangrienta historia reciente de nuestro país comenzará a ser revisitado hoy en un juicio oral y público. Pero el juicio no será penal, ni en la Argentina. Será un juicio civil, en la Corte federal de Miami, Estados Unidos y ante doce jurados populares conducidos por un juez.
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| Edificio de la Corte Federal de Miami, distrito Sur |
“Mi padre sobrevivió a la Masacre de Trelew y quiso dedicar su vida a exponer la verdad de lo sucedido, pero fue asesinado antes de que pudiera hacer justicia”, dijo Raquel Camps en octubre de 2020, cuando se presentó la demanda civil en Florida, Estados Unidos.
“Espero que el sistema de justicia de los Estados Unidos pueda ayudarnos a lograr su objetivo, hacer justicia y, finalmente, cerrar este capítulo doloroso de la historia argentina y poner fin a los 50 años de impunidad de Bravo”, agregó la mujer.
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| La sala de juicio |
Hasta ahora....
Comenzó hoy con la selección del jurado (voir dire) el juicio por jurados civil en la corte federal de Miami contra Bravo, ahora de 79 años, que vive en una casa frente al mar en North Miami que compró por $1.6 millones en 2016.
El Center for Justice Accountability (CJA) —en forma conjunta con los estudios jurídicos Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP— presentó una demanda civil en representación de familiares de cuatro víctimas, con el acompañamiento del CELS.
Los otros tres oficiales de la Marina involucrados en la masacre, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, fueron condenados por un tribunal penal argentino en 2012 y sentenciados a cadena perpetua por matar a los prisioneros desarmados.
Pero Bravo logró instalarse en los Estados Unidos gracias a un complejo entramado diplomático en 1973. Allí se hizo millonario con una empresa de seguridad proveedora del Pentágono.
A pesar de que no se pudo hacer un juicio penal en EEUU y a que el gobierno argentino busca nuevamente extraditar a Bravo para su enjuiciamiento penal en el país, la demanda civil continúa en el Tribunal del Distrito Sur de Florida de los EE. UU. en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA), una ley estadounidense de 1991 que permite a las víctimas de tortura y ejecuciones extrajudiciales y sus familias obtener un juicio por jurados civil para buscar daños civiles contra los perpetradores.
La TVPA se aplica "incluso a los delitos que han ocurrido en el extranjero", explica Ela Matthews, abogada sénior del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA) , una firma sin fines de lucro que presenta demandas civiles contra los perpetradores de crímenes de guerra y los llamados crímenes contra la humanidad .
En 2021, la CJA ganó un caso histórico bajo la TVPA contra Moses Thomas, un coronel del ejército de Liberia que fue acusado de perpetrar el asesinato de 600 civiles en la iglesia luterana de San Pedro en Monrovia en 1990. Un jurado federal de Philadelphia lo declaró responsable (ver)
"Durante 50 años, el acusado no ha enfrentado ningún tipo de responsabilidad mientras vivía libremente en los EE. UU., y los demandantes han estado tratando de obtener justicia durante décadas", dice Matthew. “Esta es la oportunidad de conseguir esa justicia con respecto a Bravo”.
LOS HECHOS
Según la denuncia, se alega que Bravo ordenó y supervisó personalmente la tortura de los familiares de los demandantes durante los seis días que transcurrieron entre el 16 y el 22 de agosto de 1972.
Las víctimas eran presos políticos de Montoneros, ERP y FAR. Fueron encarcelados en un centro de máxima seguridad en el penal de Rawson, Chubut. El 16 de agosto de 1972, 25 de esos prisioneros intentaron escapar y tomaron el aeropuerto de Trelew, pero solo seis lograron abordar un avión rumbo a Chile, donde gobernaba Salvador Allende. Los 19 restantes fueron recapturados y llevados a la Base Naval Almirante Zar en Trelew, donde fueron desnudados, amenazados, privados de sueño y finalmente asesinados el 22 de agosto de 1972.
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| La rendición en el aeropuerto el 16 de agosto de 1972. Seis días después fueron fusilados |
En esa madrugada del 22 de agosto de 1972, 19 presas y presos políticos que se encontraban detenidos en la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, fueron acribillados por integrantes de la Armada Argentina.
Dieciséis murieron: Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Cappello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho.
Tres sobrevivieron y testimoniaron todo en un famoso video y entrevista que les hizo Paco Urondo: María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar.
La demanda civil tomó estos dichos, que el jurado de Miami escuchará en video. Allí cuentan que Bravo obligaba a los prisioneros a trabajar desnudos y los amenazaba cuando no cumplían las órdenes, y en un momento señaló que los prisioneros deberían ser asesinados en lugar de retenerlos.
“Obligó al preso Mariano Pujadas a desnudarse y barrer el piso mientras estaba desnudo. Bravo y los otros oficiales realizaron un simulacro de tiroteo de algunos presos. Bravo le dijo a un subordinado que deberían matar a los presos en lugar de alimentarlos”, se lee en la demanda.
LA DEFENSA DE BRAVO
El abogado principal de Bravo en el caso, Neal Sonnett, le dijo al Miami News Times que su cliente mantiene su inocencia y que las acusaciones en su contra son falsas.
"La demanda contra Roberto Bravo es legalmente incorrecta, objetivamente falsa y moralmente en bancarrota", escribe Sonnett en un comunicado enviado por correo electrónico. "Los hechos de la denuncia ocurrieron hace casi 50 años... [Bravo] continúa negando enérgicamente estas falsas acusaciones y defenderá enérgicamente esta demanda y su honor".
Sonnett señala que los intentos de extraditar a Bravo a Argentina para enfrentar cargos penales fracasaron en los tribunales estadounidenses. En 2010, al negar el esfuerzo del gobierno argentino por extraditar a Bravo, un tribunal federal de EE. UU. determinó que Bravo estaba protegido por una ley de amnistía argentina y había sido absuelto por un tribunal militar.
"[Un juez federal] determinó que el Sr. Bravo había sido absuelto en Argentina de cualquier delito y que los cargos presentados en Argentina más de 30 años después eran 'delitos políticos' prohibidos por nuestro Tratado de Extradición", escribe Sonnett.
Sin embargo, Bravo enfrenta otro pedido de extradición, que está a la espera de la decisión del juez federal Edwin G. Torres. Si no es extraditado, podría ser juzgado penalmente ante un jurado en los Estados Unidos.
Los otros tres oficiales presuntamente involucrados en el incidente, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino , fueron condenados por un tribunal penal argentino en 2012 y sentenciados a cadena perpetua por matar a los prisioneros desarmados.
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| El aeropuerto de Trelew en 1972 |
FUGA Y MISTERIO
A los pocos días del fusilamiento, Bravo abandonó Trelew y fue consignado en otro lugar. Según Sosa, el ex teniente estuvo escondido en Puerto Belgrano un tiempo. Su paradero fue un secreto.
Bravo, nacido en Bahía Blanca, estuvo borrado del mapa durante años. Llegó a Estados Unidos como agregado militar de la Embajada argentina en Washington en 1973, a los pocos meses del episodio sangriento de la Patagonia. Y se mantuvo a salvo de la Justicia hasta casi el final de la primera década de los 2000, cuando se reabrieron los archivos y se inició la investigación de los responsables de la masacre.
En el año 2008, el diario Página 12 reveló que Bravo vivía en Florida y que gracias al éxito de su empresa, RGB Group inc. se había hecho millonario. Ese mismo año, el juez federal Hugo Sastre, que investigó el fusilamiento, pidió su captura internacional.
Bravo fundó su compañía, con sede en Miami, el 22 de junio de 1990. Dedicada a la contratación de personal médico y paramédico en el exterior, sobre todo en Centroamérica, sus principales clientes eran las fuerzas armadas. Los contactos que “El Ñato” hizo en su años dentro de la Agregaduría Naval en Washington, y probablemente después, fueron clave para su desarrollo.
El 24 de marzo de 1980 recibió su estado de “residencia permanente” en Estados Unidos y el 1° de septiembre de 1987 se convirtió formalmente en ciudadano de ese país. En esa década empezó a acumular sus millones. En 1982, Bravo, su esposa y sus hijos se mudaron a Miami, desde donde el ex teniente operó con RGB Group Inc.; y también figuró como presidente y CEO de RLM Services; One Fountainhead Center y Stafford Bookbinding; y gerente de Miami Alliance. Con RGB proveyó de servicios médicos para el Pentágono, tal como contaron en este medio Eduardo Anguita y Daniel Cecchini.
Con el primer pedido de extradición de 2010 hecho por la Justicia argentina, Bravo fue detenido en Estados Unidos, pero el proceso de vuelta al país fue rechazado por un juez norteamericano y el ex marino recuperó la libertad. A nivel empresarial quedó tocado y sus empresas perdieron apoyo porque la información sobre su responsabilidad en Trelew fue difundida por los medios de aquel país.
En octubre de 2019 fue otra vez detenido y recuperó la libertad gracias al pago de una fianza de 1.500.000 dólares y una garantía con propiedades familiares que superó los USD 4 millones. Este juicio civil lo encuentra en libertad pero monitoreado. De ser hallado culpable Bravo no irá a prisión pero es probable que deba pagar un altísimo castigo económico.
Se estima que el juicio durará una semana y para los primeros días de julio el jurado exprese su veredicto.
“A pesar de los obstáculos para juzgar a Bravo en la Argentina, las y los familiares de víctimas de la Masacre de Trelew no se detendrán hasta obtener justicia. Es la única herramienta en los Estados Unidos para sentarlo en un tribunal y determinar su responsabilidad en los hechos”, comentó Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS.
