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| La trama del crimen |
Un hecho con ribetes tenebrosos y dramáticos fue juzgado ayer en Mercedes. Un asesinato que mezcló de todo: macumba, un matrimonio adinerado y desavenido de la zona núcleo agroganadera, una Mae Umbanda del conurbano planificando el crimen, sicarios, cómplices y el homicidio del marido por encargo (casi 10 mil dólares).
El jurado condenó de manera unánime a la esposa de la víctima y al sicario. Irán a prisión perpetua, ya que el delito era homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria. El resto de la banda se declaró culpable en abreviado.
El hecho tuvo lugar en la ciudad bonaerense de 25 de mayo a fines del año 2014, cuando encontraron degollado al productor agropecuario Rafael Almiroty (68).
Tal como la fiscalía pudo demostrar, la víctima no tuvo una muerte natural sino que hubo una conspiración impulsada por su esposa para asesinarlo, lo cual logró llevarlo a cabo tras contratar a un sicario.
LOS HECHOS
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| Una Mai Umbanda fue el cerebro de la conspiración |
Blanca Alicia Díaz Villalba y Rafael Almiroty estaban casados pero vivían prácticamente separados. Ella tenía su departamento en la Ciudad de Buenos Aires y él vivía en su campo de 25 de mayo.
Díaz Villalba era muy devota de la religión Umbanda y frecuentaba a una Mai de Fuerte Apache que fue la que le dio la idea de deshacerse de su marido y quedarse con absolutamente todo. Iban a mandar al marido al Otro Mundo. En viaje sincrético y sin escalas a Yemanyá. Directo y non stop a Oxum, al reencuentro con Oxala en el Cielo de los Orishas.
Convencida, entre las dos comenzaron a planificar lo que sería el homicidio de Almiroty con la ayuda de la hija de la Mai y su pareja, Aldo Omar Pérez, que fue el encargado de ejecutar a la víctima. Las reuniones habrían tenido lugar en Fuerte Apache.
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| Orixá |
El día elegido fue el 22 de noviembre de 2014. Una vez muerto, Díaz Villalba comenzó con la simulación y llamó al 911 para decir que su esposo había sido robado y atacado, y se estaba desangrando. Inmediatamente la policía se presentó en el domicilio de la calle 28 casi esquina 103 de 25 de mayo.
En la casa no se notaban aberturas forzadas ni desorden. Tampoco faltaban objetos. Lo único que los peritos no hallaron fueron el arma con la que habían degollado al productor agropecuario y su teléfono celular. Con un escenario tan extraño, la primera medida que tomó la justicia fue buscar pistas sobre el móvil del crimen y sus autores en los teléfonos celulares del círculo íntimo, cuyos integrantes ya habían pasado a ser sospechosos.
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| Blanca Alicia Díaz Villalba. |
A los pocos días, la Policía halló en la casa donde habían matado a Almiroty un maletín con 50 mil pesos, que era producto de una venta de animales que la víctima había hecho unos días antes. Es decir que el robo estaba descartado.
En ese momento los investigadores realizaron el entrecruzamiento de los llamados de los celulares familiares, lo que abrió el camino hacia el desenlace. Así, descubrieron que un hombre de 31 años, oriundo de Ciudadela (Fuerte Apache), había recibido dinero de parte de Blanca para matar a Almiroty. Y que un remisero de 28 años había trasladado al sicario hacia el lugar del asesinato.
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| La banda contratada es detenida en Fuerte Apache |
LA INVESTIGACIÓN
En su momento, el caso pegó fuerte en todos los diarios nacionales. La gran periodista de policiales de Perfil, Nadia Galán, escribió esta brillante columna en 2014:
"Señora, queda detenida”. Esas fueron las palabras que escuchó Blanca Alicia Díaz Villalba (60) cuando llegaba a su estancia en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, a 220 kilómetros de la Capital Federal. En esa misma ciudad, pero dos mes atrás, había aparecido muerto su marido con múltiples cortes en el cuello. Los investigadores creen que la viuda fue quien contrató a un sicario para terminar con la vida del productor agropecuario Rafael Almiroty, de 68 años, y por lo que habría pagado un anticipo de 65 mil pesos.
Los Almiroty son una familia conocida en 25 de Mayo. Rafael era productor agropecuario y administraba varias hectáreas de campo en la zona de Ugarte por lo que durante la semana vivía en su estancia “La Juanita”, en 25 de Mayo. Los fines de semana recibía la visita de su esposa, que reside en Capital Federal.
El 23 de noviembre pasado, Blanca llegó a la estancia y encontró a su esposo tirado en el piso del dormitorio sobre un charco de sangre. Los médicos y policías que arribaron al domicilio en la calle 28 y 103, tras el llamado el 911 de la mujer, constataron que el hombre no respiraba. También advirtieron que las puertas no habían sido violentadas y que todo estaba en su lugar. Sólo faltaba el teléfono celular de la víctima. Más tarde, los investigadores descubrieron un maletín con 50 mil pesos ocultos en la casa, por lo que el móvil del robo quedaba prácticamente descartado.
Después de dos meses de investigación, la Justicia consideró (basándose en las pruebas recolectadas en los distintos operativos y el resultado de diversas intervenciones telefónicas) que había elementos suficientes para sospechar que Blanca había contratado a dos hombres para matar a su marido.
Se cree que la viuda habría contactado al remisero Walter Cartula, para que el 23 de noviembre realizara un viaje de unos 200 kilómetros desde la localidad de Merlo hasta su estancia “La Juanita”. Antes debía pasar a buscar a Aldo Osmar Pérez (31), el sicario.
Según se sospecha, la viuda le habría efectuado un primer pago de 65 mil pesos para matar al productor agropecuario. Se cree que el monto total a pagar era de 150 mil pesos, aunque no se habría concretado, explicaron fuentes de la investigación a PERFIL. Una mai umbanda habría sido el nexo entre la mujer y el killer.
Tras las rejas. El viernes 23 de enero pasado Blanca fue detenida por la Policía cuando llegó a 25 de Mayo con una de sus dos hijas. No se resistió. Puso sus brazos por detrás de la espalda y se subió al patrullero.
Al mismo tiempo, en el Conurbano, se realizaban otras dos detenciones. Una de ellas en el Complejo Habitacional Ejército de Los Andes, más conocido como Fuerte Apache, donde vivía el sicario Aldo Pérez. En su casa secuestraron 15 cuchillos de diferentes tamaños y tres celulares.
En la localidad de Merlo, fue apresado Walter Cartula, de 28 años. La Justicia lo considera “partícipe necesario” del crimen. “Ofició de chofer del sicario”, según explicaron los investigadores. El Peugeot 504 negro que se habría usado para efectuar el viaje quedó en poder de la Policía.
“En primera instancia no se sabía qué había sucedido porque el asesinato estaba bien ‘disfrazado’ y podía ser un suicidio. Era un hecho muy complejo y hoy tenemos el agrado de esclarecerlo”, dijo a la prensa local el jefe distrital de la Policía, Carlos Grosso.
La principal hipótesis sobre el móvil del crimen es económico, pero no se descarta que un engaño amoroso haya motivado a la mujer a tomar esta fatal decisión. El lunes pasado los tres detenidos se negaron a declarar.
EL DEBATE
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| El juez Ignacio Racca junto a su equipo: Agustina Basualdo, Belén Pagani y Corina Villalba |
El juez Ignacio Racca condujo el debate -su primer juicio por jurados- de manera extraordinaria. Era un caso muy difícil y logró hacerlo en dos días y medio, gracias a la planificación estratégica de todo su equipo en el juzgado. Sólo fueron a juicio la viuda y el sicario. El resto de la banda se declaró culpable en abreviado.
La fiscalía pudo probar fehacientemente los cargos por los que acusó a ambas personas. El abogado Humberto Pastor intentó lo que pudo pero no hubo caso.
El jurado, tras una deliberación de dos horas, rindió un veredicto unánime de culpabilidad por todos los cargos. Declaró culpable a Blanca Díaz Villalba como instigadora del homicidio doblemente agravado por concurso premeditado y por mediar promesa remuneratoria de su esposo Rafael Almiroty.
Al sicario Aldo Omar Pérez lo declaró culpable de homicidio agravado por alevosía, por haber sido cometido entre dos o mas personas y por mediar precio o promesa remuneratoria.
Ahora, el juez Racca deberá citar a las partes a una nueva audiencia - ya sin la presencia del jurado - en el que deberá determinar la pena aplicable a cada uno de los condenados, aunque la pena prevista para ambos delitos es la prisión perpetua.
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