Después de 28 procesos con tribunal popular, el Ejecutivo provincial quiere dar otro paso y elevará un proyecto de ley para incluir más casos en la modalidad, que hasta ahora sólo se aplica para homicidios agravados.
Por Facundo García, para el Diario UNO de Mendoza
A fines de enero, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez tendrá en su escritorio un proyecto de ley para ampliar los juicios por jurado a delitos que no impliquen la pena máxima. El dato hizo que muchos conjeturen las posibles consecuencias: alguno imaginó, por ejemplo, un futuro en el que los casos de corrupción se resuelvan por medio de un tribunal popular. Y no es tan así, pero tampoco se trata de una idea que hoy se descarte de plano.
La saga comenzó hace seis meses, cuando Suarez, a través del decreto 100/21, convocó a una comisión para analizar la experiencia de los juicios por jurados en la provincia y evaluar su posible extensión a otros crímenes, ya que hasta ahora sólo se aplican a homicidios calificados.
“Por pedido del gobernador empezamos a trabajar juntos, basándonos -entre otros elementos- en los datos estadísticos que pudimos recolectar”, cuenta el subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino en diálogo con Diario UNO. El funcionario subraya que “ampliar el alcance de los juicios por jurados es positivo, porque se le da lugar al ciudadano y se otorga mayor transparencia. Es una garantía que tienen los mendocinos respecto a su participación en la Justicia”.
La comisión asesora -coordinada precisamente por la Subsecretaría de Justicia- tenía como tarea hacer el balance de lo realizado, emitir un dictamen y colaborar en el proyecto de ley que por estos días llegará al despacho del Ejecutivo.
Y así lo hicieron sus integrantes: por la Suprema Corte fue el juez José Valerio; la Procuración envió al fiscal Jefe de Homicidios, Fernando Guzzo; por la Asociación de Magistrados y la Defensa Pública estuvo Ximena Morales; por la Federación de Colegios de Abogados, Susana Soleti, y a ellos se sumaron Marcelo Rubio en representación del senado provincial y Adrián Reche por los diputados.
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| Pereg, el célebre hombre gato |
Lo que viene
Los casos previos ya están grabados en la memoria colectiva. Desde que en abril de 2019 comenzó el debate alrededor de Sebastián Peteán Pocoví -que apuñaló a su novia embarazada y luego atropelló y mató a dos policías durante su fuga-; hasta que a fines de 2021 el “hombre gato” Nicolás Gil Pereg fue condenado a perpetua por matar a su madre y a su tía, el sistema ha dejado escenas inolvidables.
Ahora, según revela D’Agostino, el proyecto que está recibiendo los retoques finales contemplará la posibilidad de ampliar los juicios por jurados a delitos como los abusos sexuales seguidos de muerte o los homicidios en ocasión de robo, que implican penas que van de 10 a 25 años de prisión.
“El criterio para incorporar delitos a los juicios por jurados es ir de mayor a menor en cuanto a la gravedad de la pena. Para proponer eso se tuvo en cuenta el éxito que fueron estas primeras experiencias: ninguno de los procesos terminó en un escándalo jurídico, y tanto los jueces como los fiscales, los defensores y la sociedad en general estuvieron a la altura de las circunstancias”, analiza el subsecretario de Justicia.
Esa cautela en el avance también tiene que ver con la logística. “No es que sea más caro, pero hay cuestiones vinculadas al transporte, la seguridad y hasta el hospedaje de los miembros del tribunal popular que deben ser atendidas. Si fuéramos más rápido, correríamos el riesgo de saturar el sistema”, advierte el entrevistado.
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| Marcelo D´Agostino |
¿Todo el sistema penal por jurados?
A largo plazo, el subsecretario de Justicia estima que los juicios por jurado podrían aplicarse a todo el sistema penal mendocino. “Se trata de etapas, y seguramente yo no lo llegaré a ver, pero la idea es esa”, comenta.
Desde que el ex gobernador Alfredo Cornejo impulsó la implementación y Mendoza ingresó en la lista de 10 provincias argentinas que ya disponen de tribunales populares, 448 mendocinos y mendocinas han participado.
Se concretaron 45 condenas: 34 a prisión perpetua, tres a 25 años, una a 23 años, dos a 22 y una a 16, una a 15 y una a 5. Este fenómeno se da porque en algunos casos los jurados encontraron a los acusados culpables de otros delitos, más allá del ilícito más grave por el que se los juzgaba.
Entre 47 imputados, hubo sólo dos absoluciones. “Lo cierto -retoma D'Agostino- es que los jurados han sido extraordinarios, no sólo por responder a la convocatoria -incluso algunos se frustran cuando no son seleccionados-, sino en su comportamiento ejemplar. Llegaban a las audiencias más temprano que los jueces y los abogados”.
Y enlaza: “Esto demuestra que los ciudadanos de la provincia se toman esto con responsabilidad, independientemente del nivel educativo y la situación económica que tengan. La evidencia nos indica que estamos en condiciones de ir más allá”.
-Algunos dicen que la modalidad por jurados es más cara…
-No es así. Muestra de ello es que la ley prevé que se les pague a los jurados una compensación por participar de los juicios y la realidad es que, cuando son empleados privados, ese costo lo afronta el empleador, es decir que no puede descontar los días de la persona que se ausentó para cumplir con su deber. Y si son empleados públicos tampoco. De modo que son muy pocos los que terminan pidiendo ese dinero al Estado. Sí, es más compleja la logística, pero la metodología vale la pena por la construcción de ciudadanía que conlleva.
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| Pocurador Alejandro Gullé |
El procurador está a favor
El procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, hace una síntesis optimista y avizora más reformas. “Este tipo de juicios nos ha dado un resultado fantástico -define-; en la medida en que se pueda yo creo que deberíamos ampliarlos”.
Gullé recuerda que ya la Constitución de 1853 proponía la realización de esta clase de procesos. “Esto fue así porque es la forma más democrática de juzgar a las personas: por sus propios pares”.
A diferencia de D’Agostino, el procurador ve improbable que la tendencia alcance a delitos menos graves y más comunes, como los robos. “Sería complejo, entre otras cosas porque hay muchísimas imputaciones de este tipo, y no sería práctico armar 10 jurados por día. Nos volveríamos locos”.
Por cada jurado popular que se organiza en la provincia, hay que convocar a 12 ciudadanos/as y sus suplentes. En total, son 24 personas que durante cierto lapso no asistirán a sus trabajos y estarán a disposición de la Justicia.
Por lo demás, muchos de quienes no están empapados en el día a día de Tribunales se preguntan si la modalidad sería aplicable a los casos de corrupción. El ejemplo prototípico a nivel local sería el de un ex intendente acusado de utilizar los fondos de su municipio en provecho propio. Gullé cree que en un porvenir no tan lejano la fórmula podría alcanzar a esas situaciones. “Entiendo que vamos a ir incorporando los delitos en orden de pena. Es posible que en otra etapa sumemos estos asuntos a los juicios por jurado”.
Números y proyecciones
En el inicio del año, la comisión asesora ya terminó su dictamen, que fue remitido al Ejecutivo. Por estos días el proyecto de ley está incorporando los últimos detalles dentro de la órbita de la Subsecretaría de Justicia y la Subsecretaría Legal y Técnica. "Avanzamos rápido. En un par de semanas creemos que estará listo", avisan fuentes calificadas.
Antes de que termine enero, pues, el texto llegará al escritorio de Suárez, quien dará el okey definitivo y decidirá el momento oportuno para mandar la propuesta a la Legislatura. Con mayoría oficialista en ambas cámaras, se descarta que la modificación será aprobada.
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- Diario UNO (3/01/22): "Mendoza ampliará los juicios por jurado a más delitos graves" (ver)