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| La histórica sesión en diputados |
La Cámara de Diputados le dio media sanción el proyecto que envió el gobernador Raúl Jalil para que en Catamarca se implemente el juicio por jurado en materia penal, encarando así hacia una reforma de su sistema judicial con plena participación ciudadana, tal como lo ordenan los artículos 24 y 118 de la Constitución Nacional.
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| El Gobernador Raúl Jalil |
El proyecto que busca implementar el instituto del juicio por jurados en la provincia fue elaborado y presentado por el Poder Ejecutivo catamarqueño el pasado 24 de junio ante la Legislatura provincial. Ahora, lograda la media sanción, el proyecto fue remitido para su sanción definitiva al Senado de la provincia de Catamarca.
El proyecto de ley estipula un jurado integrado por 12 personas, con un mínimo de 2 suplentes, dividido en hombres y mujeres en partes iguales y dirigido por un juez o jueza técnica.
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| Fiscal General María Vega, fundamental en la sanción |
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| Mario Juliano, con el diputado informante Augusto Barrios. Dos imprescindibles. |
El proyecto también contempla que el juicio por jurado será obligatorio para los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de 20 o más años de prisión, aún en los casos de tentativa y con los delitos conexos que con ellos concurran, o si tratándose de un concurso de delitos que alguno de ellos supere dicho monto.
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| Fano Ávila y su mentor Mario Juliano, al centro. Sin ellos no habría ley en Catamarca |
LOS DISCURSOS
Hubo extraordinarios discursos en el parlamento catamarqueño. El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Augusto Barros y artífice crucial en la sanción de la ley, fue el encargado de fundamentar ante sus pares la iniciativa: “No venimos a inventar nada nuevo, sino cumplir con una manda constitucional” remarcó.
En ese sentido, les respondió a los diputados opositores que objetaron la capacidad de quienes integren el jurado: “el ciudadano no evalúa el derecho abstracto sino los hechos, y para ello no se puede establecer la restricción”. Barros subrayó que la iniciativa pone “en valor una transformación importante al sistema judicial como es la democratización de la administración de justicia”.
La oposición -aunque en minoría- en vez de apoyar una ley ejemplar (como sucedió en todo el país y en los lugares donde son gobierno), decidió cargar las tintas en la edad (18 años) y en el nivel de instrucción de los jurados. Se opusieron a que sólo supieran leer, escribir y hablar en el idioma castellano.
Diego Figueroa dijo que “Catamarca se debía una discusión en este sentido, por el cumplimiento al precepto constitucional” y desarrolló una serie de objeciones técnicas a la iniciativa. A la vez, Alejandro Páez consideró que se debían modificar los requisitos para integrar un jurado, mientras que Juana Fernández sostuvo en soledad que los veredictos debían ser por mayoría y no por unanimidad. También hizo alusiones críticas sobre los requisitos para integrar el jurado Luis Lobo Vergara.
La respuesta les vino como un misil directo de la mismísima presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero. "Se debe dejar de lado los resabios de elitismo" puesto que “si un joven de 18 años tiene derecho a votar y puede ser perseguido penalmente por el Estado, también tiene la capacidad suficiente para integrar un jurado popular”. A la vez, detalló que “la exigencia de la unanimidad es indispensable en miras a llegar a decisiones de calidad incuestionable y esta es una de las mayores bondades del proyecto”.
Al debate se sumaron las voces de Adriana Díaz, Enrique Cesarini, Natalia Saseta y Ramón Figueroa Castellanos, quienes destacaron con énfasis las virtudes de los juicios por jurados en la Argentina.
Sobre el cierre del debate, Augusto Barros repasó punto por punto e impugnó con fundamentos cada una de las observaciones realizadas por sus pares de otros bloques con representación parlamentaria.
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