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| Jueza María Eugenia Laigle |
Mi primer juicio por Jurado
Cuando se sancionó en agosto del año 2018 la ley de Juicio por Jurados en mi provincia, Mendoza, sentí que algo revolucionario estaba ocurriendo. Pero, para ser sincera, no tomé dimensión de su magnitud hasta que pude vivenciar en persona el significado de la intervención popular en la administración de justicia.
Después de leer el libro de Andrés Harfuch “El Juicio por Jurados en la Provincia de Buenos Aires” (el celeste) y algunas otras obras más, había operado en mi la “conversión”. Ya era una completa juradista, en teoría.
Finalmente, llegó una causa por homicidio doblemente agravado en la que fui designada para intervenir como juez técnico,“la Jueza del Derecho”. (ver el caso)
Mantuve con las partes muchos encuentros preliminares, varios de ellos informales, en la tarea de depuración de la prueba, en miras a asegurar un juicio ágil y limpio. Del total de testimonios ofrecidos inicialmente, se admitió alrededor del treinta por ciento, las partes decidieron retirar a los restantes, solo uno fue rechazado por el Tribunal, lo que evidencia el trabajo de repensar la necesidad de cada prueba. También se llevó a cabo una tarea importante para “descubrir” los puntos en común de cada teoría del caso, y así se lograron 18 acuerdos probatorios que permitieron dar mayor agilidad al juicio, al no tener que se ser demostrados en debate.
La preparación de las instrucciones generales y finales importó todo un desafío. Tenía el deber de enseñarles a ciudadanos sin formación jurídica el derecho aplicable al caso. No podía cometer errores, la validez de su decisión estaba necesariamente atada a la precisión de las indicaciones que les impartiría. Para alcanzar un lenguaje claro y sencillo, tenía que deconstruir la obra de mis profesores universitarios, que amenazaban con bochar al que no demostrara “lenguaje jurídico”.
Mientras las organizaba, me tranquilicé pensando que, así como los jueces muchas veces necesitamos información de otras disciplinas para decidir, por ejemplo de medicina forense, criminalística, psiquiatría, psicología, y para eso no es necesario que conozcamos todo lo que un médico o un licenciado en esas ciencias debe saber para alcanzar el título, sino solamente la información relevante al caso. Del mismo modo, los ciudadanos que integran el jurado no necesitan conocer todo el derecho vigente para alcanzar un veredicto justo. Con prueba de calidad y conociendo el derecho aplicable al caso concreto, con más sentido común y sentido de justicia, cuentan con todo lo que necesitan para tomar una decisión justa y apegada a la ley.
Cuando todo el trabajo preparatorio estaba listo, e incluso habíamos establecido el cronograma de audiencias –de sorteo, voir dire y juicio-, se desató la pandemia por COVID 19 y el Poder Ejecutivo Nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Debimos suspender el trámite, pero nos animamos a retomarlo en el mes de junio, viendo que en el departamento de San Rafael la situación parecía controlada. Por supuesto, debíamos asegurar las condiciones sanitarias necesarias y evitar poner en riesgo a la población.
De este modo, junto con la Administradora de la Oficina de Gestión de Audiencias, Dra. Claudia Sraik, preparamos un protocolo de actuación para evitar la posibilidad de contagio y propagación del virus. Las partes prestaron conformidad a todas las decisiones que se adoptaron; lejos de poner obstáculos, colaboraron para que el juicio pudiera realizarse de manera regular en plena pandemia mundial.
El 27 de julio del año 2020 tuvo lugar la audiencia de Voir Dire. Veía a los convocados llegar al Centro de Congresos y Exposiciones, un complejo creado con fines culturales y turísticos que se vio invadido por un equipo enorme que lo acondicionó para llevar adelante todas las audiencias. Todo había sido pensado y ejecutado minuciosamente, desde la ubicación del estrado y los escritorios, hasta las pantallas.
La convocatoria a la audiencia de selección fue excepcional. Los 58 ciudadanos llegaron a horario, llenaron los formularios y se ubicaron distanciados en la sala mayor -con capacidad para mil personas-. Los veía cautelosos, como expectantes; aunque sabían para qué habían sido citados, no conocían la dinámica de la audiencia. Y yo, aunque había estudiado la ley a piejuntillas, debutaba en la tarea de lograr conformar un jurado de 12 ciudadanos, 6 mujeres y 6 varones, que garantizara independencia e imparcialidad. La audiencia se desarrolló con absoluta normalidad, todos -tanto el personal que trabajó ese día, como los convocados- respetaron el protocolo sanitario, y pudimos sentirnos a salvo.
Sobre el mediodía, se llevó adelante el sorteo final. Después de despedir a los que no integrarían el jurado, felicité a los designados, les tomé juramento, les expliqué algunas cuestiones para que estuvieran tranquilos y conocieran cómo iba a desarrollarse el juicio y les impartí las primeras instrucciones. Fue maravilloso imponerlos de la grandiosa tarea que la Constitución puso a su cargo, el de participar de la administración de justicia de manera directa, ser “los jueces de los hechos”.
Se conformó un jurado muy diverso: una nutricionista, una ama de casa, una comerciante, una docente, una profesora de educación física, un radiólogo, un mecánico de autos, un empleado de estación de servicio, un estudiante universitario, un empleado de la construcción, un farmacéutico y un empleado de seguridad privada.
El lunes 3 de agosto, a las 8:30 hs. comenzó el juicio. De nuevo, los ciudadanos llegaron a horario, prestos para iniciar labores. Incluso uno de ellos pensó que era importante vestirse adecuadamente para la ocasión y consiguió un traje prestado. Todos escuchaban muy atentos. A algunos les corrían las lágrimas cuando declaraban los padres de la víctima –algo que como juez aprendí a hacer para adentro, sin que se note-. Pocos tomaron apuntes. Solo uno, muy joven, no siguió las instrucciones finales con el texto impreso que les dejamos en las sillas, simplemente escuchaba.
El jueves 6, después de tres horas de deliberación, el oficial de custodia me avisó: “Dra., hay veredicto”. Me asombró que fuera tan rápido, no era un caso fácil, había ocho opciones de veredicto posibles y los doce integrantes del jurado debían estar de acuerdo en una única opción para alcanzar veredicto. La sabia regla de la unanimidad garantizaba una deliberación rica; que se escucharan unos a otros. Y evidentemente lo habían logrado, se habían puesto de acuerdo, y ese acuerdo unánime legitimaba poderosamente su decisión.
Rápidamente volvimos a la sala. Ansiosa, olvidé hacer poner de pie al acusado -de todas maneras creo que nadie lo notó-. La presidente del jurado dio a conocer la decisión (la opción N° 4, una intermedia entre el pedido fiscal y el de la defensa). Una decisión que quizás hubiera sido cuestionada de haber sido tomada por jueces técnicos, pero que al provenir del pueblo, representado por esos doce ciudadanos que conformaron el Jurado Popular, y haber sido adoptada de manera unánime, gozó de tal legitimidad que ningún artículo periodístico ni comentario en redes sociales se atrevió a ponerla en crisis. (Amplia repercusión en los medios)
La ley no me permite dar a conocer mi opinión acerca del veredicto, pero sí puedo decir que me emocioné cuando los despedí y les agradecí por su tarea. Con voz entrecortada por la emoción, les dije “En nombre del pueblo de la provincia de Mendoza y de las partes involucradas en este juicio, les agradezco sinceramente el servicio público inestimable que han prestado. Espero que el tiempo que han vivido aquí haya incrementado su comprensión de cuán importante es el servicio de jurado para el funcionamiento de la democracia en la República Argentina. También espero que hayan aprendido cómo funcionan nuestros Tribunales y cuanto necesitan de su apoyo y de su interés como ciudadanos. Por mi parte, no puedo sino expresarles lo honrada que me siento como jueza de haber presidido este juicio teniéndolos a ustedes como jurados”.
Finalizada la audiencia, me acerqué a la Sala de Deliberación para saludarlos. Estaban tranquilos, compartiendo el último café como grupo. Los felicité por la tarea, les trasmití lo orgullosa que me sentía. Ellos también se mostraron agradecidos, orgullosos de lo que habían hecho, comprometidos con la decisión que habían tomado, con la tranquilidad de haber hecho lo que consideraban justo.
Algunos mencionaron cómo había cambiado la visión que tenían de la justicia, que habían descubierto cuánto trabajo hay detrás, cuanta información hay que valorar y poner sobre la mesa, y lo insuficiente que resulta la que trasmiten los medios de comunicación para formar criterio.
Los puse en videollamada con el juez de la Corte Suprema Dr. José Valerio, que les agradeció en nombre del Poder Judicial de la Provincia su tarea. Esa comunicación coadyuvó a dar trascendencia institucional, enalteciendo y poniendo en valor el derecho/deber constitucional que estaban ejerciendo.
No pude compartir con ellos todo el tiempo que me hubiera gustado, su tarea había finalizado pero no la mía, tenía que continuar con la audiencia de la pena, resolver un pedido de revocación de prisión domiciliaria y dictar el fallo. Los “abracé” a distancia y volví a la sala de juicio.
Fueron unas jornadas cívicas ejemplares. La justicia se acercaba a la gente y la gente a la justicia. Algo que, por fin, después de 160 años, tenía que pasar, y que ni siquiera el temor al COVID-19 pudo detener.