El diario La Capital de Rosario, provincia de Santa Fé, ha publicado una excelente nota opinión de Gustavo Franceschetti, miembro de la junta directiva de esta Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), que aporta esperanzas en relación a la definitiva adecuación del proceso penal santafesino a los estándares constitucionales que exigen que los juicios se lleven a cabo por jurados piopulares.
Franceschetti comienza reflexionando que "estamos en un momento inmejorable para saldar en la provincia de Santa Fe una deuda constitucional de más de 160 años", y seguidamente recuerda: "La Legislatura santafesina por unanimidad se comprometió a instaurar el juicio por jurados en el año 2006 al dictar el Código Procesal Penal (ley 12.734) y hay un interés claro en el arco político local de concretar la promesa: entre 2014 y 2015 ingresaron al parlamento provincial tres proyectos de ley de juicio por jurados populares de distintos sectores: Leandro Busatto (FPV), Hugo Rasetto (UCR) y Ariel Bermúdez (ARI), que se sumaron a uno anterior de 2009 de Raúl Lamberto (FPCyS); también, los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos nacional y provincial, como las Cámaras de Diputados y Senadores provinciales dieron apoyo institucional a un evento jurídico sobre juicio por jurados realizado en abril de 2015 en la Facultad de Derecho (UNR), donde se conformó la delegación Rosario de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados".
También agrega que "las más altas autoridades del Poder Judicial de Santa Fe se han manifestado públicamente a favor de implementar esta manda de la Carta Magna (por ejemplo, el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta, el fiscal general Julio De Olazabal y el defensor provincial Gabriel Ganón) y hay general consenso académico en las distintas cátedras de las universidades públicas provinciales".
Refutando a los opositores al sistema (o a quienes, tan solo, tienen miedo a lo desonocido) resalta:
"Todos los prejuicios sobre el jurado popular están siendo derribados sin atenuantes con la experiencia que atraviesan los operadores judiciales, jueces ciudadanos, comunidad y medios de comunicación de las provincias de Córdoba (más de 300 juicios desde 2005), Buenos Aires (más de 35 juicios desde 2013) y Neuquén (más de 30 juicios desde 2014) que las encuestas coinciden en calificar como positiva.
Definitivamente errónea resultó la premonición según la cual el juicio por jurados no se podía implementar en nuestro país porque es una institución ajena a nuestra tradición jurídica o porque los argentinos no estamos acostumbrados. Los fiscales, abogados y jueces se capacitaron, la administración informó la nueva metodología a la comunidad en términos claros y sencillos y en brevísimo tiempo en términos institucionales se volvió común aquello que era extraño y sanseacabó. La ciudadanía mostró grandísimo interés y participó activamente como público (las salas comenzaron a llenarse no sólo de periodistas) y como jurado (no hubo juicios fracasados por falta de jueces ciudadanos; las estadísticas arrojan que solamente un 3 por ciento de personas sorteadas para ser jurados rehúsan la carga pública de hacerlo).
Quedó demostrado que los jueces ciudadanos no son más influenciables a los embates mediáticos de lo que pueden serlo los jueces profesionales. Hubo casos con fuerte presión mediática que terminaron en absolución. Los ciudadanos son jueces por un día, deciden conforme lo que vean en las audiencias y vuelven a sus hogares a seguir con sus vidas, sus fuentes de ingreso no dependen de lo que hayan resuelto.
Los veredictos de jurado tienen una legitimación fortísima comparada a la de los jueces profesionales porque no hay desconfianza en el vecino de a pie que resuelve el caso sin compromisos de ninguna naturaleza. Esto contribuye a poner fin a los pleitos de un modo más contundente y rápido (hay menos recursos). El primer juicio con jurado integrado por mapuches en el juzgamiento de uno de sus líderes, Relmu Ñanku, es un ejemplo de legitimidad sin precedentes de la Justicia neuquina en el mundo.
Otro prejuicio es el de la fácil corruptibilidad del jurado. Primero, dada la selectividad del sistema penal, un altísimo porcentaje de los acusados no está en condiciones de pagarse un abogado, mucho menos puede sobornar jueces. Segundo, ¿acaso es más fácil corromper a 12 ciudadanos cuya identidad se desconoce hasta el día de la audiencia de juicio que corromper a un juez permanente cuya identidad y criterios son conocidos de antemano?
También se ha superado la desconfianza hacia al jurado porque "no sabe derecho". El juez ciudadano solamente analiza las pruebas con el sentido común y herramientas intelectuales que todos tenemos sin necesidad de pasar por la Facultad de Derecho. El bajo índice de apelaciones de veredictos de jurado y la alta coincidencia entre esa decisión y la que habría tomado el juez profesional según los relevamientos, así lo corroboran.
Finalmente, el argumento presupuestario, que siempre ha sido puesto como una excusa, también fue desmitificado. En las provincias de Buenos Aires y Neuquén la implementación de los jurados populares ocupa menos del 1 por ciento del presupuesto del Poder Judicial. Es un bajo precio a pagar para lograr la participación de la ciudadanía en la administración de justicia y darle mayor legitimidad a las decisiones que se toman en el único de los tres poderes del Estado cuyos miembros no provienen de elección popular.".
Para concluir: "Ya tenemos un proceso según Constitución, acusatorio, oral y adversarial, sólo falta coronarlo con la participación de jueces ciudadanos en la administración de justicia. Las condiciones están dadas, sólo hay que cruzar el Rubicón".
Leer nota original en el siguiente enlace:
- La Capital (26/12/15). Jueces ciudadanos para Santa Fe [Ver]