El diario digital ambito.com publicó en la jornada de hoy una extensa e interesante nota de Silvina Kristal sobre el establecimiento del juicio por jurados en Argentina, en la que se efectúa una breve reseña del impulso brindado al instituto no sólo en la Provincia de Buenos Aires (provincia que en los últimos días adquirió notable protagonismo en la materia), sino también en otras provincias, tales como Río Negro, Chubut, Mendoza y San Luis, así como en el Gobierno Nacional. Asimismo, la nota efectúa un repaso de las provincias que ya cuentan con leyes de enjuiciamiento por jurados: Córdoba (provincia pionera en Argentina, con jurados en funcionamiento bajo un modelo escabinado) y Neuquén (provincia que aprobó en Noviembre pasado un ejemplar Código Procesal Penal que contempla un sistema de enjuiciamiento bajo un modelo de jurado clásico).
En la nota se reproducen comentarios efectuados por los Dres. Héctor Granillo Fernández y Andrés Harfuch, autoridades de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ).
Por su interés, transcribimos el contenido de la nota a continuación:
Acallados ya los vaivenes del electoral
2011, tres provincias retomaron ahora la iniciativa de impulsar la
instauración del mecanismo del juicio por jurados, que ya se aplica
en Córdoba desde 2005 y que contempla la intervención de ciudadanos
comunes en la definición de la inocencia o culpabilidad del acusado.
En esa línea, y en un estadio más
avanzado, el gobernador bonaerense Daniel Scioli enviará tras Semana
Santa a la Legislatura el proyecto de rigor, mientras que en Mendoza
alientan desde la Corte local la aplicación de una prueba piloto y,
en San Luis, un grupo de jueces presentó ante el Superior Tribunal
de Justicia un proyecto experimental de jurados populares.
En los primeros dos casos, se trata de
distritos duramente castigados por la inseguridad y por críticas a
la actuación de algunos magistrados en casos polémicos, y desde
donde apuestan a esta modalidad de juzgamiento para involucrar a los
ciudadanos en los procesos judiciales de materia penal y -afirman-
mejorar así la confianza y la credibilidad en la Justicia.
Herramienta
En la actualidad, la herramienta del
juicio por jurados se aplica en Córdoba, tras su aprobación en la
Legislatura el 22 de septiembre de 2004 por impulso del por entonces
gobernador José Manuel de la Sota (hoy, de nuevo en el poder). Ese
día, participó de la sesión un fogonero de la iniciativa, Juan
Carlos Blumberg, padre de Axel, asesinado en un secuestro extorsivo
en marzo de ese año.
En tanto, Neuquén convirtió en ley el
sistema en noviembre pasado (con jurados puramente ciudadanos, y un
período de implementación estimado en 36 meses), mientras que Río
Negro ya abrió debates en su Legislatura para avanzar con una medida
similar (incluyó una prueba piloto con un jurado puramente
ciudadano). Por su parte, en Chubut el proyecto está a la espera de
ser tratado en la Legislatura (para delitos graves, con un jurado
«puro» de 8 ciudadanos).
Precisamente, el sistema contempla
variantes. Por caso, en la pionera Córdoba, el jurado esté
conformado por ocho ciudadanos, quienes en conjunto con dos jueces
del tribunal deben decidir si el acusado es inocente o culpable.
Luego el tribunal es quien define la
calificación del delito cometido e impone la pena, en casos de
corrupción, homicidio agravado y abuso sexual seguido de muerte,
entre otros delitos. Se trata del modelo «escabinado», impuro o
mixto, diferente del sistema «anglosajón», donde un jurado
conformado íntegramente por ciudadanos establece la inocencia o
culpabilidad del acusado, mientras que el juez interviene sólo para
calificar el hecho y definir la pena.
A nivel nacional, la propia Cristina de
Kirchner presentó en sus tiempos de senadora un proyecto para
instaurar los juicios por jurados, pero que nunca se llegó a
sancionar. Veamos:
En Buenos Aires, la iniciativa -que
Scioli remitirá al Senado, para que comience a ser analizada en
comisiones- forma parte del paquete de reformas en materia de
Justicia y Seguridad impulsado por el Ejecutivo, y que incluye la
creación de la Policía Judicial.
El proyecto fue delineado por el
Ministerio de Justicia y Seguridad -que comanda Ricardo Casal-, en
consulta con la Asociación Argentina de Juicio por Jurados,
encabezada por el abogado Héctor Granillo Fernández y su vice,
Andrés Harfuch.
Según trascendió, la norma prevé
instaurar los jurados populares -integrados por ciudadanos
(presuntamente 12) sorteados del padrón, como carga pública- en los
procesos en los que se juzguen «delitos graves, complejos, donde
todavía en un sector de la población puede haber sospechas sobre la
actuación del Poder Judicial».
Diferencia
Hay diferencias, sin embargo, con el
sistema cordobés: la iniciativa bonaerense apunta a jurados
compuestos íntegramente por ciudadanos, que deberán cumplir
determinados requisitos y que serán los encargados de definir la
culpabilidad o inocencia, mientras que en el distrito mediterráneo
votan, además de ocho ciudadanos, también dos jueces.
Según Granillo Fernández, no sólo
Buenos Aires está «absolutamente preparada» para implementar ese
sistema, sino que además «debe hacerlo», porque «el Poder
Judicial es el único que no tiene representación popular, acorde
con la forma republicana de gobierno, como sí la tienen el Poder
Legislativo y el Ejecutivo, con la elección de sus miembros».
«Darán imparcialidad e independencia; implica la posibilidad de que
personas ajenas al Poder Judicial y político sean realmente
imparciales», agregó.
Por su parte, y en diálogo con este
diario, Harfuch remarcó que la entidad está «siempre a favor del
jurado clásico», y no a favor de que en la definición de
culpabilidad o inocencia «intervegan jueces del Estado». El otro
sistema «es deficitario» porque «siempre los jueces terminan
imponiéndose», agregó, respecto del modelo de jurados populares
«impuros».
En mayo del año pasado, el Frente para
la Victoria había presentado un proyecto de ley para instaurar el
sistema para reglamentar la iniciativa -incluida en la Constitución
nacional y en la bonaerense de 1994- e incorporarla al Código
Procesal Penal, para el caso de delitos de homicidio, abuso sexual,
corrupción de menores, privación ilegítima de la libertad y
homici-dio en ocasión de robo, entre otros.
En Mendoza, en tanto, el ministro de la
Corte Suprema provincial Mario Adaro adelantó que avanzan en la
concreción de «algunas pruebas piloto» de la aplicación de
juicios por jurados «para ir probando», «en algunos casos
puntuales» y «a pedido de los imputados».
En medio de una escalada de crímenes,
Adaro reflotó así una propuesta para «mejorar la credibilidad de
la gente en la Justicia» que ya había esbozado cuando lideraba la
cartera de Gobierno, durante la gestión del justicialista Celso
Jaque.
«Se puede trabajar en este sentido
porque la Constitución nacional lo prevé», afirmó, aunque aclaró
que requiere de una modificación del Código Procesal Penal. Una
iniciativa en ese sentido, sin embargo, reposa en la Legislatura
desde 2004, al no recibir el impulso político por parte del por
entonces gobernador radical Julio Cobos, pese a las señales
iniciales.
En San Luis, por su parte, los jueces
de la Cámara Penal Nº 1 -Domingo Flores, Silvia Aizpeolea y José
Luis Flores- presentaron días atrás ante el Superior Tribunal de
Justicia un proyecto experimental de jurados populares (sistema puro)
para delitos de homicidio, abuso sexual, corrupción de menores,
privación ilegítima de la libertad y homicidio en ocasión de robos
y robos agravados, entre otros.
Según los magistrados, el sistema
permite una participación de la sociedad en la construcción de la
«respuesta justa» a los casos de delitos.
La nota original puede leerse en el siguiente enlace: http://www.ambito.com/noticia.asp?id=630298
